Las empresas privadas ahora podrán ejecutar servicios públicos prioritarios en salud, educación y saneamiento —especialmente en zonas rurales, de frontera y declaradas en emergencia— a través de la nueva modalidad Servicios por Impuestos, presentada por ProInversión. Ya no solo financiarán infraestructura mediante Obras por Impuestos, sino que esta herramienta busca acelerar la atención de necesidades urgentes en todo el país.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de los tributos que las compañías pueden utilizar para recuperar su inversión. Hasta ahora, el mecanismo estaba vinculado principalmente al pago del Impuesto a la Renta; desde ahora se incorporó el Impuesto General a las Ventas (IGV) y otros tributos administrados por el Estado. "Hemos ampliado el tipo de impuesto que se puede utilizar para financiar. Antes era principalmente impuesto a la renta, ahora hemos incorporado el IGV. Todas las empresas medianas pagan IGV, pueden utilizar estas obras para pagar su IGV", explicó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, en entrevista a RPP. "Estamos apostando a más empresas a nivel nacional, no solamente las grandes que tanto nos han ayudado en este tiempo sino de distintos tamaños que estén interesadas en contribuir con el Estado", agregó.
El esquema mantiene la lógica de Obras por Impuestos: una empresa financia y ejecuta una intervención priorizada por una entidad pública, y luego recupera su inversión mediante el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o del Gobierno Nacional (CIPGN), que pueden aplicarse al pago de sus impuestos. "El mecanismo sigue evolucionando. Ahora hemos incorporado servicios para el sector salud, educación, vivienda y saneamiento, especialmente en zonas rurales donde más se necesita", señaló Del Carpio.
ProInversión precisó que la principal novedad de esta modalidad es que ya no solo se financiarán proyectos de infraestructura, sino también servicios públicos prioritarios. Las empresas podrán coordinar con gobiernos regionales, municipalidades o entidades del Gobierno Nacional para identificar necesidades y desarrollar intervenciones con acompañamiento técnico de la agencia. La entidad destacó que este mecanismo no sustituye los proyectos de inversión pública ni financia gastos corrientes permanentes, sino que permite ejecutar acciones temporales y focalizadas mientras se desarrollan soluciones definitivas.
La primera cartera presentada por ProInversión incluye intervenciones priorizadas por los ministerios de Salud, Educación y Vivienda. En el sector Salud se identificaron 14 oportunidades de inversión social enfocadas en la prevención y tratamiento de la anemia y malnutrición, la lucha contra el dengue y otras arbovirosis, el diagnóstico y atención oncológica, salud materno-neonatal y salud digital. Entre las intervenciones destacan servicios de nebulización contra el dengue, atención especializada para pacientes febriles, campañas de detección temprana de cáncer y programas para elevar la cobertura de prevención y tratamiento de la anemia. Además, Del Carpio mencionó que podrán financiarse servicios de traslado de pacientes y atención oncológica en regiones con acceso limitado a servicios especializados.
En el ámbito educativo se priorizarán acciones para mejorar la seguridad y condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes en zonas vulnerables. Esto incluye la demolición parcial de estructuras en riesgo de colapso, instalación de sistemas provisionales para garantizar la continuidad de clases, mejoramiento del servicio de energía eléctrica y acondicionamiento térmico en zonas afectadas por friaje y heladas. Según el Ministerio de Educación, más de 50 mil locales educativos se encuentran en zonas rurales, de frontera o declaradas en emergencia, y solo el 7% ha logrado cerrar la brecha de infraestructura.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, presentó dos servicios prioritarios para garantizar el acceso inmediato al agua segura mientras se ejecutan las obras permanentes: el diagnóstico integral de agua y saneamiento —que permite identificar fuentes, calidad del agua y necesidades de inversión— y el abastecimiento temporal de agua potable mediante camiones cisterna u otras modalidades para poblaciones vulnerables.
La nueva modalidad también permitirá financiar servicios vinculados al ordenamiento territorial. Según Del Carpio, muchas municipalidades aún carecen de catastro actualizado y planes de desarrollo urbano, por lo que Servicios por Impuestos podrá cubrir estos instrumentos clave para mejorar la planificación de las ciudades.
La creación de Servicios por Impuestos ocurre en un contexto de fuerte expansión de Obras por Impuestos. Entre enero y mayo de 2026 ya se han comprometido más de S/4.000 millones, y ProInversión prevé cerrar el año por encima del récord de S/5.000 millones alcanzado en todo el 2025. El funcionario atribuyó este crecimiento a las mejoras normativas implementadas desde 2022, así como al mayor conocimiento y confianza que han desarrollado empresas y entidades públicas respecto a la modalidad.
"Este año hemos tenido cerca de 100 empresas nuevas participando y unas 80 entidades públicas nuevas utilizando el mecanismo. Eso demuestra la confianza que existe en Obras por Impuestos y ahora también en Servicios por Impuestos", sostuvo Del Carpio.
ProInversión destacó que el potencial de crecimiento del mecanismo es significativo, ya que actualmente existe una capacidad superior a S/60.000 millones para financiar intervenciones mediante Obras por Impuestos y ahora también Servicios por Impuestos. Los proyectos priorizados ya se encuentran disponibles para consulta pública y las empresas podrán proponer nuevas iniciativas.
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