En medio de las últimas semanas del periodo unicameral del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General para defender un proyecto de crédito suplementario que incluye una polémica disposición: la aplicación gradual de las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) hasta 2030.

La iniciativa, que propone implementar estos beneficios de forma escalonada, ha generado fuertes críticas de sindicatos y trabajadores CAS, quienes exigen que el pago se realice de manera íntegra desde julio de este año, tal como lo establece la Ley N.° 32563. Según el cronograma planteado, las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la CTS, se otorgarían progresivamente: 10% de la remuneración mensual en 2026, 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y el 100% recién en 2030.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se argumentó que una aplicación inmediata de estos beneficios podría comprometer las finanzas de numerosas entidades públicas y generar diferencias entre instituciones con distinta capacidad presupuestal. “No podemos permitir que unas entidades paguen y otras no”, señaló el MEF al justificar la propuesta, en referencia a las marcadas diferencias presupuestales entre ministerios, gobiernos regionales y municipalidades.

Desde el MEF, el ministro afirmó que la gradualidad busca evitar desequilibrios presupuestales en las entidades públicas.

El objetivo de la gradualidad, según explicó la cartera, es garantizar que todas las entidades del Estado puedan cumplir con el pago de los nuevos beneficios laborales sin comprometer la continuidad de los servicios públicos. La posición del MEF surge luego de las críticas de los trabajadores CAS, quienes consideran que el beneficio debería ser completo desde este año, como fue aprobado originalmente en el Congreso.

El Ejecutivo justifica la gradualidad argumentando que una implementación inmediata tendría un elevado impacto fiscal. Según la exposición de motivos del proyecto, otorgar de manera plena las gratificaciones y la CTS a todos los trabajadores CAS demandaría más de S/3.000 millones para el sector público. Los cálculos del MEF detallan que aplicar la ley sin gradualidad generaría un desfinanciamiento cercano a S/1.930 millones en el Gobierno Nacional, alrededor de S/795 millones en los gobiernos regionales y más de S/497 millones en los gobiernos locales.

Ante ese escenario, el ministerio considera que una implementación progresiva permitirá a las entidades adecuar sus presupuestos de forma gradual y evitar problemas para financiar planillas y otros gastos esenciales. Así, un trabajador CAS con un sueldo de S/3.000 recibiría este julio una gratificación de S/300, monto que coincide con el mínimo establecido en la propuesta. Recién dentro de cuatro años percibiría una gratificación equivalente a un sueldo completo.

La propuesta también contempla que un decreto supremo establezca las condiciones, requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las gratificaciones y la CTS, incluyendo los pagos proporcionales o truncos cuando corresponda. Pese a los argumentos del Ejecutivo, los gremios de trabajadores CAS mantienen su rechazo a la gradualidad y exigen que el beneficio se entregue en su totalidad desde este año, tal como fue aprobado por el Congreso y promulgado posteriormente por el Gobierno.

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