La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una directiva que impone nuevas reglas para los trabajadores del sector público sobre el uso de sus correos institucionales, con el objetivo de reforzar la seguridad digital en las entidades estatales. La medida, elaborada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, establece que las cuentas de correo electrónico asignadas a servidores y funcionarios deberán emplearse exclusivamente para actividades vinculadas a sus funciones laborales y a la gestión de asuntos institucionales. Así, queda prohibido usar estos correos para registrarse en redes sociales, plataformas de apuestas, sitios de compras por internet, foros de entretenimiento u otros servicios ajenos a las actividades del Estado, con la finalidad de reducir la exposición de las cuentas oficiales a amenazas digitales y evitar filtraciones de información. Las instituciones públicas tendrán plazos de entre 12 y 36 meses para implementar nuevas herramientas de seguridad. La directiva también fija plazos para que las entidades públicas adecuen sus sistemas, implementen bloqueos de correos peligrosos y establezcan mecanismos de doble autenticación para proteger la información oficial. Las instituciones tendrán hasta 36 meses para cumplir con estas disposiciones, que buscan prevenir posibles casos de fraude o suplantación de identidad. La norma apunta a mitigar los riesgos relacionados con el manejo de información oficial y fortalecer la protección informática en el Estado. La directiva también prohíbe a los trabajadores públicos usar los correos institucionales para fines personales, comerciales, propaganda política, envío masivo de mensajes no solicitados o compartir contraseñas con terceros. Recomienda evitar contenidos que afecten el clima laboral, así como archivos que infrinjan derechos de autor o estén vinculados a actividades fraudulentas. Como parte del fortalecimiento de la seguridad informática, la PCM exige que las instituciones implementen herramientas para bloquear correos peligrosos y mecanismos de doble autenticación para accesos desde redes externas. También se promoverá el uso de contraseñas seguras y la realización periódica de copias de respaldo. La adecuación será progresiva: los poderes del Estado, organismos autónomos, gobiernos regionales, universidades públicas y empresas estatales dispondrán de hasta 12 meses para aplicar los cambios. En el caso de los gobiernos locales, los plazos oscilarán entre 18 y 36 meses, según sus capacidades tecnológicas.

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