La Comisión de Vivienda del Congreso aprobó un dictamen que busca resolver el control y saneamiento de los terrenos donde se desarrollaría el megapuerto de Corío (Arequipa), iniciativa que demandaría alrededor de US$7.000 millones en inversión. El objetivo es ordenar, sanear y asegurar los predios destinados al futuro puerto, la plataforma logística, la zona industrial y la denominada ciudad puerto, antes de atraer inversionistas o construir muelles.
Aunque el proyecto ya fue declarado de interés nacional en 2022, la propuesta del Parlamento reconoce que aún faltan mecanismos para ordenar la propiedad de los predios. Por ello, el dictamen declara de interés nacional la ejecución integral del Hub Logístico Multimodal Megapuerto de las Américas Corío y el saneamiento físico-legal de los terrenos para su implementación.
El dictamen advierte que el área donde se desarrollaría Corío "presenta riesgos concretos" que podrían afectar su viabilidad futura. Entre ellos menciona ocupaciones informales, superposición de derechos y problemas relacionados con la situación registral de algunos terrenos. Así, el Estado necesita tener control legal y físico sobre el territorio para evitar invasiones, conflictos de propiedad y otras trabas que podrían afectar la inversión estimada en US$7.000 millones.
El saneamiento físico-legal de los predios es el proceso clave que se propone para evitar que los conflictos de propiedad se conviertan en trabas para el megapuerto de Corío. La meta es que exista una sola entidad responsable de gestionar el territorio, evitando que varias tengan control sobre diferentes partes del proyecto. Según el sustento de la iniciativa, cuando hay titularidades y competencias dispersas suelen aparecer retrasos, duplicidad de funciones y dificultades para tomar decisiones.
Un informe técnico del Gobierno Regional de Arequipa recomienda proteger las áreas destinadas al proyecto para evitar invasiones y nuevas ocupaciones informales que puedan afectar su desarrollo. Por ello, se plantea ordenar y asegurar los terrenos antes de que aparezcan nuevos conflictos. La apuesta es resolver primero los problemas vinculados a la propiedad de la tierra para evitar que se conviertan en un obstáculo cuando el proyecto entre en etapas más avanzadas.
El rol lo asumiría la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que tendría como tarea iniciar las acciones para identificar, sanear y transferir predios estatales al Gobierno Regional de Arequipa. El proceso busca identificar quién es propietario de cada terreno, resolver potenciales conflictos y garantizar que las áreas necesarias para el proyecto queden disponibles.
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