La decisión del presidente José María Balcázar de postergar por dos días su viaje al Vaticano, en medio de la tensión poselectoral tras la segunda vuelta, sugiere que las autoridades anticipan que los perdedores de los comicios del domingo podrían salir a las calles a protestar violentamente contra los resultados que favorecen a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Quienes se manifiestan tienen todo el derecho a hacerlo de forma pacífica por las vías permitidas. Sin embargo, atacar la propiedad pública o privada, arrojar piedras o palos a los efectivos de la Policía Nacional, es cruzar la línea de la legalidad y entrar en el terreno del delito, que debe ser sancionado según nuestro Código Penal. Eso deben saberlo tanto los que salen a las calles como los azuzadores en redes sociales, muchos de los cuales, incluso desde otros países, invocan a la gente a actuar con violencia mientras ellos contemplan y aplauden.

Allí están quienes dicen que “arderán las calles” y al mismo tiempo incentivan el vandalismo, la agresión y la destrucción de la ciudad. La excusa de que “salimos en forma pacífica, pero hubo infiltrados que atacaron a la policía e hicieron desmanes” ya parece una tomadura de pelo, un viejo cuento para eludir responsabilidades. Si se convoca a marchas, está bien, pero hay que asumir la responsabilidad ante la ley, como corresponde.

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