La criminalidad ha disparado los costos operativos de los pequeños negocios en el Perú. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 99% de sus asociados ha enfrentado extorsiones en los últimos años, lo que los obliga a destinar más recursos a protección. En paralelo, los dirigentes rechazan un eventual aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que consideran agravaría aún más la situación. “Durante los últimos cinco años, el 99% de nuestros socios han pasado por problemas de extorsión. Algunos hasta tres veces lo siguen extorsionando. Hemos hablado con la policía y no hacen absolutamente nada. Existe gran temor por parte de nosotros, muchos casi no quieren expresarse y tampoco quieren salir porque tienen temor de que los puedan seguir extorsionando o les incrementen el cupo”, declaró Andrés Choy, presidente del gremio. Ante este panorama, los comerciantes han incrementado sus inversiones en cámaras de vigilancia, rejas reforzadas y, en algunos casos, hasta en el pago de cupos a bandas criminales para mantener abiertos sus negocios. La inseguridad ciudadana se ha convertido así en uno de los principales sobrecostos que amenazan la supervivencia de miles de bodegas en el país.

Según los gremios, la extorsión se ha convertido en una carga permanente para miles de emprendedores, que además de enfrentar la caída del consumo, deben asumir gastos que hace algunos años no existían. Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, alertó que estos negocios enfrentan un creciente sobrecosto por la criminalidad que puede representar hasta S/7.000 mensuales en el pago de personal de seguridad, cámaras de videovigilancia, rejas reforzadas, sistemas de seguridad y, en algunos casos, incluso pagos a organizaciones criminales para evitar atentados.

La situación se agravó tras la pandemia y actualmente numerosos comerciantes viven bajo amenazas constantes. Incluso denunciaron que existen casos de bodegueros que deben pagar a más de una organización criminal para evitar represalias. Así lo confirmó el dueño de un minimarket en Comas, que pidió el anonimato por ser víctima de extorsiones desde hace seis meses, quien señaló a RPP que su gasto mínimo es de S/500 para implementos de protección como las cámaras de seguridad.

Los dirigentes también cuestionaron la falta de resultados concretos de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. Señalaron que, pese a las reuniones sostenidas con distintas autoridades, la criminalidad continúa avanzando y los costos para los emprendedores siguen aumentando. El representante de los bodegueros alertó que estos negocios enfrentan un creciente sobrecosto por la criminalidad, debido a inversiones en cámaras de videovigilancia, rejas reforzadas, sistemas de seguridad y, en algunos casos, incluso pagos a organizaciones criminales para evitar atentados.

Julio Surco, de la Asociación de Bodegueros del Perú, señaló que cualquier incremento tributario perjudicaría directamente a las empresas formales y terminaría trasladándose a los consumidores con precios más altos. Por ello, junto a representantes de las pymes, exigen que los futuros aumentos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sean debatidos y aprobados únicamente por el Congreso, luego de que el MEF descartara una nueva alza. Los bodegueros advirtieron que un eventual incremento del ISC impactaría sobre todo en productos de alta rotación, como bebidas y otros bienes de consumo masivo que son clave en sus ventas. A su juicio, el Gobierno debería priorizar la lucha contra la informalidad y la reactivación económica antes de aplicar nuevas cargas tributarias. Según explicaron, el alza de precios podría reducir el consumo, afectar la facturación de los negocios formales y crear un escenario propicio para el contrabando y la informalidad.

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