Dirigentes de bodegueros y microempresarios aseguran que la criminalidad ha disparado sus costos operativos por gastos en seguridad privada, cámaras, rejas y hasta pagos de cupos. En paralelo, rechazaron un eventual alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que, consideran, agravaría aún más la situación.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales sobrecostos que amenazan la supervivencia de miles de pequeños negocios en el Perú. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 99% de sus asociados ha enfrentado algún episodio de extorsión en los últimos años, una situación que ha obligado a los comerciantes a destinar cada vez más recursos para proteger sus negocios.
“Durante los últimos cinco años, el 99% de nuestros socios han pasado por problemas de extorsión. Algunos hasta tres veces lo siguen extorsionando. Hemos hablado con la policía y no hacen absolutamente nada. Existe gran temor por parte de nosotros, muchos casi no quieren expresarse y tampoco quieren salir porque tienen temor de que los puedan seguir extorsionando o les incrementen el cupo”, manifestó Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.
El representante de los bodegueros señaló que ante ello han aumentado sus inversiones en cámaras de vigilancia, rejas reforzadas e incluso, en algunos casos, en pagar cupos a bandas criminales para mantener abiertos sus negocios.
El representante de los bodegueros alertó que estos negocios enfrentan un creciente sobrecosto por la criminalidad, debido a inversiones en cámaras de videovigilancia, rejas reforzadas, sistemas de seguridad y, en algunos casos, incluso pagos a organizaciones criminales para evitar atentados.
Por su parte, Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, alertó que estos negocios enfrentan un creciente sobrecosto por la criminalidad que puede representar hasta S/7.000 mensuales en el pago de personal de seguridad, cámaras de videovigilancia, rejas reforzadas, sistemas de seguridad y, en algunos casos, incluso pagos a organizaciones criminales para evitar atentados.
En tanto, el dueño de un minimarket en Comas, que pidió el anonimato por ser víctima de extorsiones desde hace seis meses, señaló a RPP que su gasto mínimo es de S/500 para implementos de protección como las cámaras de seguridad.
Los dirigentes explicaron que, además de la caída del consumo, los pequeños negocios deben asumir gastos que hace algunos años no existían. Aseguran que la extorsión se ha convertido en una carga permanente para miles de emprendedores.
Según indicaron, la situación se agravó tras la pandemia y actualmente numerosos comerciantes viven bajo amenazas constantes. Incluso denunciaron que existen casos de bodegueros que deben pagar a más de una organización criminal para evitar represalias.
Los gremios también cuestionaron la falta de resultados concretos de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. Señalaron que, pese a las reuniones sostenidas con distintas autoridades, la criminalidad continúa avanzando y los costos para los emprendedores siguen aumentando.
Mypes rechazan más impuestos
En paralelo, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartara un nuevo incremento del Impuso Selectivo al Consumo (ISC), la Asociación de Bodegueros del Perú y representantes de las pequeñas y medianas empresas (pymes) piden que los futuros incrementos de este impuesto sea debatido y aprobado únicamente por el Congreso.
Julio Surco sostuvo que cualquier incremento tributario afectaría directamente a las empresas formales y terminaría trasladándose a los consumidores mediante mayores precios. A su juicio, el Gobierno debería enfocarse en combatir la informalidad y promover la reactivación económica antes que aplicar nuevas cargas tributarias.
Los bodegueros advirtieron que un eventual aumento del ISC impactaría especialmente en productos de alta rotación, como bebidas y otros bienes de consumo masivo que representan una parte importante de sus ventas.
Según explicaron, el incremento de precios podría reducir el consumo, afectar la facturación de los negocios formales y generar un escenario favorable para el contrabando y la informalidad.
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