El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 (PNMAPS 2050), oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 010-2026-VIVIENDA y publicada en el Diario Oficial El Peruano. El diagnóstico que sustenta esta política revela que 21,6 millones de personas en el Perú consumen agua en condiciones no óptimas, lo que expone a millones a mayores riesgos para la salud y refleja las profundas brechas entre las zonas urbanas y rurales.
Según el documento, apenas el 37,6% de la población, es decir, unos 12,4 millones de peruanos, accede a servicios de agua potable gestionados de manera segura. En contraste, el 62,5% de los ciudadanos no cuenta con este tipo de servicio, una situación que evidencia la magnitud del problema que busca atender la nueva política pública. La política plantea una hoja de ruta para ampliar el acceso a servicios seguros de agua y saneamiento para los más de 34 millones de habitantes del país.
La situación es aún más crítica en materia de saneamiento. De acuerdo con la información oficial, solo el 33,6% de la población accede a servicios de saneamiento gestionados de manera segura, mientras que el 66,4% permanece afectado por esta brecha. En las zonas rurales, las mayores carencias persisten, lo que agrava la desigualdad en el acceso a servicios básicos.
Población con acceso a agua potable y saneamiento
La nueva política nacional identifica al ámbito rural como el más afectado por el limitado acceso al agua potable. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) de 2024, apenas el 4% de la población rural accede a agua potable gestionada de manera segura, mientras que en las ciudades la cobertura alcanza al 45,7%. La brecha también se replica en saneamiento: el 42,7% de los habitantes urbanos cuenta con servicios gestionados de forma segura, frente a solo el 10,3% en zonas rurales. El documento atribuye estas diferencias a la dispersión de las viviendas, las dificultades geográficas y las limitaciones para llevar infraestructura a localidades alejadas.
El Gobierno identifica este problema como un asunto público que repercute directamente en la salud, el desarrollo infantil, la productividad económica y la conservación de los ecosistemas. Para cerrar estas brechas, la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 establece metas ambiciosas. Entre los principales objetivos figura elevar el acceso a agua potable gestionada de manera segura del actual 20,7% al 70,5% hacia el año 2050. Asimismo, se plantea incrementar el acceso a saneamiento gestionado de manera segura de 34,7% a 70,2%. La estrategia también busca aumentar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1% al 76,8%, con el fin de reducir riesgos sanitarios y ambientales.
Brecha entre zonas urbanas y rurales en acceso a agua potable y saneamiento en Perú
El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, señaló que la política permitirá mejorar la calidad de vida de millones de personas mediante servicios básicos dignos y confiables. La nueva política será de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno y para los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento. Su implementación estará a cargo de las entidades públicas competentes y se financiará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. El Ministerio de Vivienda liderará el seguimiento y la evaluación de los avances, además de coordinar la adecuación progresiva de planes, programas e instrumentos sectoriales para cumplir las metas trazadas hasta el 2050. El decreto advierte que la falta de acceso seguro al agua potable y al saneamiento contribuye a una alta prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA), las cuales afectan especialmente a la población infantil y limitan el desarrollo temprano. Asimismo, el documento señala que estas carencias generan pérdidas económicas asociadas a una menor productividad laboral y contribuyen al deterioro de los servicios ecosistémicos, factores que profundizan la exclusión social y la pobreza multidimensional. Con esta política, el Gobierno busca revertir una situación que todavía afecta a más de seis de cada 10 peruanos y mantiene amplias diferencias entre las zonas urbanas y rurales en el acceso a servicios básicos esenciales.
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