La nueva política de agua y saneamiento al 2050 revela que solo el 37,6% de la población accede a agua potable gestionada de manera segura y que las mayores brechas persisten en las zonas rurales.
Cerca de seis de cada diez peruanos aún carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, una situación que expone a millones de personas a mayores riesgos para la salud y refleja las profundas brechas que persisten entre las zonas urbanas y rurales. En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 (PNMAPS 2050), oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 010-2026-VIVIENDA y publicada en el Diario Oficial El Peruano.
El diagnóstico que sustenta esta política identifica a 21,6 millones de personas que consumen agua en condiciones no óptimas y plantea una hoja de ruta para ampliar el acceso a servicios seguros de agua y saneamiento para los más de 34 millones de habitantes del Perú.
Solo 37,6% de peruanos accede a agua potable gestionada de manera segura
El diagnóstico contenido en la política nacional revela que apenas el 37,6% de la población cuenta con acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. En términos absolutos, esto equivale a aproximadamente 12,4 millones de personas. En contraste, el 62,5% de los peruanos no accede a este tipo de servicio, lo que evidencia la magnitud del problema que busca atender la nueva política pública.
Población con acceso a agua potable y saneamiento
La situación resulta aún más crítica en materia de saneamiento. De acuerdo con la información oficial, solo el 33,6% de la población accede a servicios de saneamiento gestionados de manera segura, mientras que el 66,4% permanece afectado por esta brecha.
El Gobierno identifica este limitado acceso como un problema público que repercute directamente en la salud, el desarrollo infantil, la productividad económica y la conservación de los ecosistemas.
Brecha entre el campo y la ciudad
La nueva política identifica al ámbito rural como el más afectado por esta problemática. Según datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) de 2024, apenas el 4% de la población rural accede a agua potable gestionada de manera segura. En las ciudades, aunque la situación es mejor, la cobertura alcanza solo al 45,7% de la población.
La diferencia también aparece en los servicios de saneamiento. Mientras el 42,7% de los habitantes de zonas urbanas cuenta con saneamiento gestionado de manera segura, en el ámbito rural la cifra se reduce a 10,3%.
El documento atribuye estas brechas a factores como la dispersión de las viviendas, las dificultades geográficas y las limitaciones para llevar infraestructura a localidades alejadas, especialmente en áreas rurales dispersas.
Brecha entre zonas urbanas y rurales en acceso a agua potable y saneamiento en Perú
Metas al 2050 para cerrar brechas
La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 establece objetivos orientados a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios.
Entre sus principales metas figuran elevar el acceso a agua potable gestionada de manera segura del actual 20,7% al 70,5% hacia el año 2050. Asimismo, plantea incrementar el acceso a saneamiento gestionado de manera segura de 34,7% a 70,2%.
La estrategia también busca aumentar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1% al 76,8%, con el fin de reducir riesgos sanitarios y ambientales.
El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, sostuvo que la política permitirá mejorar la calidad de vida de millones de personas mediante servicios básicos dignos y confiables.
Impacto en salud, economía y desarrollo
El decreto señala que la falta de acceso seguro al agua potable y al saneamiento contribuye a una alta prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA), las cuales afectan especialmente a la población infantil y limitan el desarrollo temprano.
Además, el documento advierte que estas carencias generan pérdidas económicas asociadas a una menor productividad laboral y contribuyen al deterioro de los servicios ecosistémicos, factores que profundizan la exclusión social y la pobreza multidimensional.
Una política obligatoria para todo el Estado
La nueva política será de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno y para los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.
Su implementación estará a cargo de las entidades públicas competentes y se financiará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.
El Ministerio de Vivienda liderará el seguimiento y la evaluación de los avances, además de coordinar la adecuación progresiva de planes, programas e instrumentos sectoriales para cumplir las metas trazadas hasta el 2050.
Con esta política, el Gobierno busca revertir una situación que todavía afecta a más de seis de cada 10 peruanos y mantiene amplias diferencias entre las zonas urbanas y rurales en el acceso a servicios básicos esenciales.
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