Las decisiones políticas erróneas y sus consecuencias sociales le han costado al Perú un crecimiento económico muy por debajo de su potencial. Según Juan José Marthans, director del Área Académica de Economía del PAD, el país registró un crecimiento promedio estimado de 2,5% entre 2021 y 2026, mientras que la inversión privada avanzó solo 3,3% en el mismo período. “Perú pudo crecer dos a tres veces más que eso, pero por factores sociopolíticos se rompió esa posibilidad. Basta con que pusieran en tela de juicio la Constitución y se satanizara a la inversión privada para que todo esto se acabe. Eso tiene un costo. Cuando no hay un entorno adverso, como el que hemos tenido estos últimos 5 años, la inversión privada crece a doble dígito y el PBI a 6%”, sostuvo durante una reciente presentación en la PAD.

Ese menor dinamismo significó que el país dejara de generar bienes por un valor equivalente a US$ 51.300 millones. A esto se suman las economías ilegales —narcotráfico, minería ilegal, tala de árboles y contrabando— que restaron otros US$ 45.600 millones en el mismo quinquenio. En conjunto, “el costo quinquenal de ambos frentes supera los US$ 100.000 millones. Eso significa que las decisiones inoperantes, poco responsables, poco serias que mandan del frente político del país, porque toda esta suerte de imperfección está ligada a decisiones políticas, nos cuesta US$ 20.000 millones al año”, explicó Marthans.

El análisis detalla además el impacto específico de algunas actividades ilícitas. La minería ilegal representa un costo equivalente al 2,3% del PBI; la delincuencia drena un 3,1% de la economía, y la corrupción impacta en un 2,4%.

El impacto de las economías ilegales y la inestabilidad política en el Perú ha superado en gravedad a otros factores externos que afectaron al país en los últimos años. “Cuando el frente político, de manera encubierta, permite el desarrollo de la ilegalidad, la informalidad, el contrabando, el narcotráfico y se asocia a ellos generando leyes que impiden el desarrollo del sector productivo denotan un costo en más de tres puntos porcentuales del PBI al año, lo que perturba el desarrollo económico del país”, señaló a Gestión. A esto se suman los constantes cambios de autoridades y la falta de requisitos técnicos para ocupar cargos públicos. Solo en la administración de Pedro Castillo, recordó, se tuvieron más de 70 ministros en poco más de un año de gestión.

Según el PAD, la incertidumbre generada en 2022 provocó una fuga de capitales de US$ 25,600 millones (8% del PBI), una rebaja en la calificación soberana y un deterioro de la confianza empresarial. De cara al futuro, con un nuevo Gobierno que garantice la continuidad del modelo económico, el PAD estima que el crecimiento del PBI de este año será de alrededor del 5%, pese al posible impacto del fenómeno de El Niño y el conflicto geopolítico en Medio Oriente. Incluso, Marthans consideró que, para el próximo quinquenio, resulta viable alcanzar un crecimiento promedio de entre el 5% y 6% anual, impulsado por los altos precios del cobre y el oro.

“Podemos tener cinco años de un crecimiento promedio sobre el 5% porque el precio del cobre no va a caer porque está sostenido por factores estructurales, como el cambio de la matriz tecnológica, y el precio del oro se va a mantener fuerte por algunos meses más. Con esos vientos a favor no existe excusa”, afirmó el economista, quien advirtió que esas cotizaciones favorables por sí solas no bastan para evitar un estancamiento. Para aprovechar el ciclo positivo de los metales, planteó que el nuevo Gobierno implemente una reinstitucionalización del Estado. Este proceso implicaría hacer más transparente el desempeño del sector público y reformar el esquema de procedimientos que frenan la inversión en infraestructura y minería. Sostuvo que mientras el Estado no pase por una reingeniería integral que mejore su calidad de gestión y organización, el crecimiento no podrá sostenerse en el largo plazo ni traducirse en bienestar real para la mayoría de la población. “No basta con crecer, hay que hacer sostenible ese crecimiento y sin institucionalidad no se hace sostenible. Hay que establecer una política clara para reinstitucionalizar el país, que va a ser lo más efectivo para reducir la presencia de la ilegalidad y de los representantes de ilegalidad en el Congreso y en el Poder ejecutivo. El Estado como está es parte del problema, no es la solución del problema”, sostuvo.

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