La ofensiva del Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra los magistrados que se oponen a las leyes procrimen y de impunidad ya tiene dos blancos concretos: los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz. Ambos han sido objeto de medidas disciplinarias por negarse a aplicar la Ley 32107, que busca establecer la prescripción de delitos contra los derechos humanos en el Perú, en contravención de tratados internacionales.
El lunes 8 de junio, el pleno de la JNJ, a propuesta de su presidenta, la excongresista de Podemos María Teresa Cabrera, acordó por mayoría suspender por seis meses al juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho. La decisión, que aún no ha sido notificada, fue posible gracias al voto dirimente del vicepresidente Víctor Hugo Chanduví. De concretarse, Concepción Carhuancho será apartado de la Corte Penal Nacional, donde ve casos de corrupción estatal, crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Los cargos en su contra incluyen haber utilizado una imagen del procesado Nicanor Boluarte en un evento académico sobre prisión preventiva y haber cantado “Triciclo Perú”.
Paralelamente, a fines de mayo, la JNJ acordó y notificó el inicio de una investigación disciplinaria de destitución contra el juez Jorge Chávez Tamariz. El proceso se abrió a pedido expreso del presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y del congresista de Renovación Popular y exalmirante Jorge Montoya, luego de que Chávez Tamariz se negara a aplicar las leyes de prescripción de delitos contra la humanidad. Días antes, la JNJ también confirmó la no ratificación del fiscal provincial José Domingo Pérez, quien queda definitivamente fuera del Ministerio Público.
Tanto Concepción Carhuancho como Chávez Tamariz han rechazado aplicar la Ley 32107 por considerarla contraria al derecho convencional. En el caso del juez Richard Concepción, aplica el control difuso al argumentar que dicha norma viola la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que establece que estos delitos no prescriben sin importar la fecha de su comisión, incluso si son anteriores a la entrada en vigencia de la Convención. Asimismo, señala que la ley es incompatible con el Estatuto de Roma, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Leyes procrimen y de impunidad
Juez Jorge Chávez Tamariz
El Congreso, bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, y la JNJ, liderada por María Teresa Cabrera, están decididos a “barrer” de la magistratura a todos los jueces que se oponen a las leyes procrimen y de impunidad promovidas por el pacto que controla el Ejecutivo y el Legislativo, según fuentes del Poder Judicial.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, busca “barrer” de la magistratura a los jueces que se enfrentan al poder y a sus leyes, según sus propias declaraciones. Rospigliosi se ha involucrado directamente en el proceso disciplinario contra el juez Chávez Tamariz, quien también es víctima de un intento de destruir su imagen con publicaciones falsas sobre su vida familiar, de acuerdo con fuentes judiciales. Esta práctica recuerda las campañas de demolición del régimen fujimorista de los años 90 a través de los diarios chicha.
La resolución que comunica el inicio de la investigación disciplinaria contra Chávez Tamariz señala que el proceso se inicia ante las denuncias presentadas por el congresista Jorge Montoya y el propio Rospigliosi. Un proceso disciplinario debe investigar un acto del magistrado en el desempeño de sus funciones, pero en este caso se cuestiona el contenido de las resoluciones judiciales, lo que corresponde a una apelación en el juicio penal, no a una sanción administrativa.
Chávez Tamariz ha dicho que “el derecho de amnistía (perdón de los delitos) dispuesto por el parlamento y promulgado por la presidenta (Dina Boluarte), es anticonvencional y no supera a otros derechos enfrentados como el derecho a la verdad, resuelto por la Corte IDH en el caso Barrios Altos v. Perú del 2001, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del artículo 139, inciso 3 de la y del artículo 44 de la Constitución Política que impone al Estado los deberes como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, aunado al ejercicio de la persecución penal que le es competente en monopolio al Ministerio Público”.
El magistrado también se ha opuesto a otras leyes procrimen aprobadas en el Parlamento. “Los jueces no somos meros aplicadores de ley, sino conforme al mandato constitucional” debemos interpretarla para administrar justicia, al advertir que la ley puede ser manipulada. “Una ley que es injusta no es ley y debe ser inaplicada”, ha dicho para inaplicar dichas normas en casos concretos vinculados a líderes políticos.
Fernando Rospigliosi busca someter la magistratura a los intereses políticos.
La Junta Nacional de Justicia, al decidir investigar al juez Chávez, recoge con exactitud el criterio interpretativo de los congresistas Montoya y Rospigliosi. Ambos sostienen que el magistrado habría cometido una falta grave al apartarse de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. En el fondo, lo que la JNJ pretende es que los jueces resuelvan en un solo sentido: el que establece el Congreso, sin importar los tratados y la jurisprudencia internacional reconocidos por la Constitución de 1993 y las convenciones suscritas por el Perú. Y eso es justamente lo que hace la mayoría de la Junta.
El almirante Montoya subraya además que el juez comete falta grave al utilizar analogías y equiparar los hechos que analiza con los juicios de Núremberg y al hacer referencia al proceso contra el criminal de guerra Adolf Eichmann, lo que supuestamente agraviaría a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, en el Poder Judicial advierten que los jueces no juzgan a una institución, sino que resuelven sobre conductas de ciudadanos específicos. Al investigar al juez de investigación preparatoria, lo que se evaluará no es su conducta, sino sus razonamientos y argumentos en una resolución judicial, por el simple hecho de que al Congreso o a quienes controlan el Parlamento no les parecen correctos.
Ofensiva jurídica y el caso Lava Jato
Los procesos disciplinarios a José Domingo Pérez son movidos por una venganza política del fujimorismo.
En medio de esta persecución contra los jueces —que incluye la no ratificación del juez Oswaldo Ordoñez y del fiscal José Domingo Pérez, y la destitución de la fiscal de la Nación Delia Espinoza— se registran nuevos acuerdos en el Parlamento que generan conflictos adicionales con la magistratura. El último viernes, el pleno del Congreso aprobó una norma que pretende trasladar al fuero privativo militar todos los delitos cometidos por policías y militares, incluso aquellos que las leyes del servicio militar ya habían zanjado en 2006 como delitos comunes bajo la jurisdicción del Poder Judicial.
El pleno del Congreso, con 80 votos a favor, aprobó el informe de la Comisión Investigadora del caso Odebrecht, que acusa a los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, a los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, a los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, y al periodista Gustavo Gorriti de haber favorecido a la empresa brasileña en el acuerdo de colaboración eficaz. En tanto, los nueve policías de la Comisaría de Vitarte que integraron una red para cobrar coimas a transportistas de la Carretera Central —a quienes ofrecían no imponerles papeletas de tránsito a cambio de fuertes sumas de dinero— serán juzgados por el fuero militar, al haber cometido el delito usando sus uniformes y durante el servicio policial. De igual modo, los ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N.° 31 del Ejército, que el 25 de abril participaron en un operativo en Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica) que culminó con el asesinato de cinco jóvenes que viajaban en un vehículo, también pasarán a la justicia castrense.
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