Gobierno aprueba política al 2050 para que más de 21,6 millones de peruanos accedan a agua en condiciones óptimas

El Gobierno aprobó una nueva Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, una estrategia que busca reorganizar la forma en que el país enfrenta una deuda histórica: que millones de peruanos no solo accedan al servicio, sino que reciban agua en condiciones seguras y sostenibles. La medida llega cuando las cifras oficiales revelan que el reto ya no pasa solo por ampliar cobertura: más de 21,6 millones de peruanos consumen agua en condiciones que no son consideradas óptimas, una realidad que sigue afectando la salud y la calidad de vida de miles de familias.

La brecha también tiene un costo económico que golpea con más fuerza a quienes menos tienen. En marzo, datos de Sunass revelaron que más de 700.000 personas en Lima y Callao sin conexión a la red pública pagan hasta seis veces más por acceder al agua que quienes sí cuentan con el servicio. En promedio, destinan S/1.406 adicionales al año para cubrir una necesidad básica.

Ante ese escenario, el Estado plantea una hoja de ruta de largo plazo para orientar proyectos, inversiones y acciones del sector durante las próximas décadas. La apuesta es que el acceso al agua deje de medirse solo por obras ejecutadas y empiece a evaluarse por la calidad real del servicio que reciben los usuarios. Aunque millones de hogares ya tienen conexión, el acceso al agua sigue siendo una deuda pendiente cuando el servicio no llega con calidad ni continuidad.

La nueva estrategia también busca articular el trabajo entre distintos niveles de gobierno y ordenar las intervenciones bajo una misma dirección, con el objetivo de reducir las brechas que persisten tanto en zonas urbanas como rurales. Durante años, gran parte del avance del sector se ha medido por conexiones instaladas o por cobertura alcanzada. Sin embargo, tener una conexión no necesariamente significa contar con agua segura todos los días. Por ello, la estrategia incorpora que el servicio tenga continuidad, calidad, confiabilidad y que pueda mantenerse en el tiempo. Eso incluye evaluar desde dónde se obtiene el recurso hídrico, cómo se gestionan las fuentes de agua, cómo operan los sistemas y qué tan preparados están para responder a problemas de infraestructura o crecimiento poblacional. También incorpora un enfoque territorial, con el objetivo de evitar que los proyectos avancen de manera aislada y sin responder a necesidades concretas de cada zona. Otro punto prioritario es fortalecer a quienes prestan el servicio para mejorar la operación y reducir problemas que hoy afectan directamente a los usuarios, como interrupciones frecuentes o dificultades para mantener estándares de calidad.

Las metas al 2050 apuntan a duplicar el acceso a servicios seguros y mejorar el tratamiento de aguas residuales

La política ya está aprobada, pero el verdadero desafío será convertir las metas en cambios reales. Para el 2050, se busca elevar el acceso gestionado de manera segura al agua potable del 20,7% al 70,5%, mientras que en saneamiento el objetivo es pasar del 34,7% al 70,2%. Además, el tratamiento seguro de aguas residuales debería incrementarse del 47,1% al 76,8%. Alcanzar estas cifras implicará sostener inversiones durante varios gobiernos, priorizar proyectos y mejorar la coordinación entre entidades responsables, según advierte la política. También se busca ordenar programas y recursos bajo una visión común para evitar duplicidades y generar mejores condiciones para ejecutar obras e intervenciones donde todavía existen mayores carencias. El reto es reducir una brecha que aún obliga a millones de personas a convivir con servicios deficientes o acceso limitado al agua.

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