Aunque millones de hogares tienen conexión, el acceso al agua sigue siendo una deuda pendiente cuando el servicio no llega con calidad ni continuidad. La nueva política aprobada por el Gobierno fija metas al 2050 para enfrentar esa brecha.
El Gobierno aprobó una nueva Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, una estrategia para reorganizar la forma en que el país enfrenta una deuda histórica: que millones de peruanos no solo accedan al servicio, sino que reciban agua en condiciones seguras y sostenibles.
La medida llega cuando las cifras muestran que el reto ya no pasa solo por ampliar cobertura. Según información oficial, más de 21,6 millones de peruanos consumen agua en condiciones que no son consideradas óptimas, una realidad que sigue afectando la salud y la calidad de vida de miles de familias.
La brecha también tiene un costo económico. En marzo, datos de Sunass revelaron que más de 700.000 personas en Lima y Callao sin conexión a la red pública pagan hasta seis veces más por acceder al agua que quienes sí cuentan con el servicio. En promedio, destinan S/1.406 adicionales al año para cubrir una necesidad básica.
Ante ese escenario, el Estado plantea una hoja de ruta de largo plazo para orientar proyectos, inversiones y acciones del sector durante las próximas décadas. La apuesta es que el acceso al agua deje de medirse solo por obras ejecutadas y empiece a evaluarse por la calidad real del servicio que reciben los usuarios.
La estrategia también busca articular el trabajo entre distintos niveles de gobierno y ordenar las intervenciones bajo una misma dirección, para reducir brechas que persisten tanto en zonas urbanas como rurales.
El problema ya no es solo llevar agua: el reto ahora es que sea segura y continua
Durante años, gran parte del avance del sector se ha medido por conexiones instaladas o por cobertura alcanzada. Pero tener una conexión no necesariamente significa contar con agua segura todos los días.
Por eso, la nueva estrategia incorpora que el servicio tenga continuidad, calidad, confiabilidad y que además pueda mantenerse en el tiempo. Eso incluye mirar desde dónde se obtiene el recurso hídrico, cómo se gestionan las fuentes de agua, cómo operan los sistemas y qué tan preparados están para responder a problemas de infraestructura o crecimiento poblacional.
También incorpora un enfoque territorial, con el objetivo de evitar que los proyectos avancen de manera aislada y sin responder a necesidades concretas de cada zona.
Otro punto que aparece como prioridad es fortalecer a quienes prestan el servicio para mejorar la operación y reducir problemas que hoy afectan directamente a los usuarios, como interrupciones frecuentes o dificultades para mantener estándares de calidad.
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Las metas al 2050 apuntan a duplicar el acceso a servicios seguros y mejorar el tratamiento de aguas residuales
La política establece objetivos concretos para medir avances durante los próximos años. En agua potable, la meta es elevar el acceso gestionado de manera segura del 20,7% al 70,5% hacia el año 2050.
En saneamiento, el objetivo es pasar del 34,7% al 70,2%. Además, se busca incrementar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47,1% al 76,8%.
Las cifras muestran que el desafío no será menor, ya que alcanzarlas implicará sostener inversiones durante varios gobiernos, priorizar proyectos y mejorar la coordinación entre entidades responsables.
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La política también busca ordenar programas y recursos bajo una visión común para evitar duplicidades y generar mejores condiciones para ejecutar obras e intervenciones donde todavía existen mayores carencias.
La política ya está aprobada; ahora queda ver si las metas llegan a convertirse en cambios reales. El desafío será reducir una brecha que todavía obliga a millones de personas a convivir con servicios deficientes o acceso limitado al agua.
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