Las bodegas del Perú continúan enfrentando una triple crisis de inseguridad, violencia y desidia de las autoridades que les impide recuperar sus negocios, en medio de un contexto donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó que exista una propuesta para subir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), tributo que grava los productos de mayor rotación.
Carla Campos Pariona, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), saludó la noticia de que no habrá incremento de este impuesto, pero exigió que la potestad de fijar tasas impositivas retorne al Congreso de la República. “Sí, eso es bueno. Ya estamos más tranquilas. Pero sí necesitamos que la potestad de fijar impuestos retorne al Congreso”, declaró.
Campos sostuvo que mientras el MEF mantenga esa facultad, las bodegueras no pueden hacer nada. “Que el Congreso se encargue, como siempre ha sido, de los impuestos. Mientras que el MEF tenga esa facultad no podemos hacer nada. Esas medidas se deben debatir, evaluar y encontrar consenso, no darse de manera autoritaria”, agregó.
La dirigente advirtió que de haberse concretado el “paquetazo tributario”, las bodegas estarían al borde de la desaparición. “No logramos superar todas las crisis y si encima nos vienen con un nuevo aumento del Impuesto Selectivo al Consumo, solo nos queda cerrar las puertas”, afirmó.
Explicó que el incremento del ISC genera un efecto en cadena: “Al subir el impuesto suben los precios, la gente no compra, dejamos de vender y tenemos menos ganancias”. En ese sentido, reveló que las ventas han caído hasta un 50 % en medio de la coyuntura electoral. “Mis caseras, por ejemplo, me compraban semanal; ahora compran para al día. Con todo lo que está pasando ya no alcanza. Antes con 20 soles podías comprar varios productos; hoy no son nada”, detalló.
Las bodegueras peruanas enfrentan una crisis que va más allá de la reducción de productos. Las empresas distribuidoras han optado por disminuir las cantidades: “Ya no viene un litro, te vienen 900 u 800 mililitros. Una lata de atún que antes contenía 180 g o 160 g, ahora tiene 140 g o 120 g. Pagas menos, pero por menos”, explica Carla Campos, presidenta de Agremub. Ante esto, ella ha optado por “dejar de ganar y vender prácticamente al costo para que mis productos puedan tener rotación”.
La inseguridad agrava el panorama. “En algunos lugares se trabaja a puerta abierta y nos exponemos a que nos dejen el papelito con una bala. Y no sabemos qué hacer porque hasta tres o cuatro bandas nos extorsionan al mismo tiempo”, señala. Las bandas se identifican con nombres como el Tren de Aragua o grupos locales, y todas exigen dinero para “protegernos”. “Por temor las bodegas cierran, no tienen ingresos y queda un pobre más sin trabajo”.
El gremio, que a nivel nacional cuenta con cinco mil asociadas aproximadamente, reporta que entre el 10 % y el 20 % de ellas están cerrando. “Nos sentimos desprotegidas, sin apoyo y no solo del Estado, sino también de nuestros gobiernos locales”, afirma Campos.
Además, dos proyectos impulsados por el sector no han prosperado: uno que solicita la ampliación del horario de atención de sus negocios (hasta las 3 de la mañana) y otro para acceder a un seguro de salud en EsSalud. Ambos esperan ser aprobados.
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