La noche del lunes 1 de abril de 2024, Santiago Guardamino Gonzáles, presidente de la comunidad de Quipán (Canta, Lima), fue ejecutado por un sicario. Horas antes, el dirigente había participado en una junta comunal donde informó que al día siguiente, martes 2 de abril, suscribiría un acuerdo para recuperar un predio de 10.000 hectáreas que fue vendido de forma fraudulenta en 2016 a Industrias Argüelles Servicios Generales, empresa de recojo y disposición de desperdicios. Según los comuneros, ese sería el móvil del crimen: quienes ordenaron el asesinato no querían que Guardamino firmara el compromiso notarial para que la compañía Argüelles revirtiera judicialmente el terreno a la comunidad.
El acta de la junta del 1 de abril, a la que accedió La República, detalla que Guardamino comunicó haber llegado a un entendimiento legal con Petramás, empresa a la que contactó para transferirle el proceso civil de recuperación de las 10.000 hectáreas. Al día siguiente, 2 de abril, firmaría el compromiso con esa compañía, interesada en asumir el litigio y la compra del predio.
Cuando Guardamino asumió la presidencia de Quipán, descubrió que su antecesor, Abel Mosquera Ortíz, había vendido las 10.000 hectáreas a Industrias Argüelles Servicios Generales —cuyo propietario es Aniceto Argüelles Loayza— por S/600.000, sin autorización de la comunidad. Esa venta ilegal desencadenó los conflictos judiciales que el dirigente buscaba resolver con el acuerdo que nunca llegó a firmar.
La comunidad litigaba contra el expresidente Abel Mosquera, el dueño de la empresa Aniceto Argüelles y su gerente general, Karen Pasco Flores, a quienes Quipán acusa de haberles arrebatado ilegalmente un predio valorado en S/10 millones. Santiago Guardamino, líder comunero, expresó a los demás su confianza en las acciones judiciales contra los tres implicados y aseguró que el acuerdo que pensaba suscribir sería decisivo para recuperar el terreno. Todos los presentes aprobaron que Guardamino firmara el compromiso con Petramás el 2 de abril, pero 10 disparos de un sicario lo impidieron.
Quipán autorizó a Guardamino para que firme el acuerdo para recuperar el terreno usurpado. Foto: La República
El acuerdo paralizado
Santiago Guardamino informó que recurrió a Petramás, una empresa especializada en el recojo y disposición de residuos sólidos, para que lo ayudara a resolver el conflicto legal con Argüelles, quien se negaba a devolver el terreno. Petramás propuso lo siguiente: si Quipán ganaba el proceso civil y el predio revertía a su favor, Petramás lo compraba por S/8,5 millones; si Quipán aceptaba, la empresa le entregaba un adelanto de S/2,5 millones con cheque de gerencia bajo custodia de una notaría mientras se resolvía el proceso judicial; y si Quipán no recuperaba el terreno, se quedaba con los S/2,5 millones. Todo quedó trunco con el homicidio de Guardamino. Quipán no ha conseguido la devolución del terreno usurpado, pese a que los tres principales implicados —Mosquera, Argüelles y Pasco— han sido condenados en diferentes instancias judiciales. El cheque por S/2,5 millones sigue bajo custodia y no ha sido cobrado. Las actas a las que accedió La República revelan que el objetivo de quienes asesinaron a Santiago Guardamino el 1 de abril de 2024 era impedir el acuerdo que el líder comunal firmaría al día siguiente, el 2 de abril. La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos había archivado el caso por “falta de pruebas”, pero, tras la queja de la familia de la víctima, se reabrió la investigación para dar con los responsables. En el marco de este caso, Aniceto Argüelles Loayza, representante de Industrias Argüelles Servicios Generales, ya fue sentenciado por intentar sobornar a la jueza Roxana Becerra Urbina, quien debe resolver la devolución del predio. Además, la exgerenta de la empresa, Karen Pasco Flores, también recibió condena por su participación en la compraventa fraudulenta del terreno de Quipán. Pese a ello, la defensa de la empresa ha desestimado cualquier vinculación con el homicidio. Argüelles Loayza señaló que responde a todos los requerimientos de la justicia y pidió que se esclarezca el crimen.
Terreno. En las hectáreas compradas por Argüelles, se ha construido un relleno sanitario. Foto: difusión
Comentarios 3
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta