Los familiares de las víctimas de las protestas del 9 de enero de 2023, en las que perdieron la vida a manos de las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, anunciaron que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta de la República si es declarada ganadora de la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Consideran que el Perú está regresando a los años 90 y que la candidata de Fuerza Popular representa un retroceso en materia de derechos humanos.
Raúl Samillan, representante de los deudos en Juliaca, explicó que la reciente aprobación de un proyecto de ley que busca que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean juzgados únicamente por el fuero militar y policial, limitando la actuación de la justicia ordinaria, es una señal de alerta. “En el gobierno de Fujimori se mató clandestinamente con el Grupo Colina. Keiko Fujimori ha señalado que no cometerá los mismos errores. Ahora quieren seguir matando con la ley en la mano. Con impunidad. Con una ley que viola los Derechos Humanos. En esa perspectiva peligra nuestro deseo de alcanzar justicia. No estamos dispuestos a aceptar eso”, aseguró.
Samillan recordó que en 18 regiones del interior del país Fujimori perdió las elecciones y que, en el caso de Puno, más del 80% optó por Roberto Sánchez. Precisó que el Perú perdió las elecciones y que solo el 'voto sospechoso' del exterior podría darle la presidencia del país. “El fujimorismo desde el Congreso blindó a Dina Boluarte. Nunca dijeron nada sobre las muertes del 2023. El fujimorismo con su voto ayudó a la aprobación de leyes pro crimen. Si gana Keiko Fujimori, para nosotros y el interior del país será una presidenta ilegítima. A última hora se aprobaron los lineamientos para las elecciones en el extranjero. Que gobierne el norte del Perú, pero Puno que tiene legitimidad se respeta”, dijo.
El representante de los deudos aseguró que se mantendrán movilizados porque no descansarán hasta encontrar justicia por sus seres queridos. La decisión de no reconocer a Fujimori como mandataria, según Samillan, se fundamenta en que pretender procesar a militares y policías en el fuero policial militar por asesinatos en protestas revela que el Perú está regresando a los 90, una época que, a su juicio, estuvo marcada por la violencia de Estado y la impunidad.
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