Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico.
El Poder Judicial evaluará el miércoles 24 de junio si confirma o no la ampliación por 18 meses del plazo del mandato de prisión preventiva que se le impuso al expresentador de televisión, Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, como parte del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico.
En audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación que presentó Hurtado Grados, a través de su defensa legal, para revocar la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en marzo último, en la que adoptó la referida medida al declarar “fundado” el requerimiento que hizo la Fiscalía Suprema para que se prolongue por 18 meses el plazo del mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro de este proceso penal.
La sala suprema escuchará ese día a Hurtado desde el penal de Lurigancho donde está recluido, así como también a su nuevo abogado defensor William Paco Castillo y al representante de la Fiscalía Suprema asignada al caso a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días
La defensa legal de Andrés Hurtado demanda que se revoque la resolución apelada y señala como pretensión principal que se declare infundado el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva y como pretensión subsidiaria, que de considerarse necesaria la subsistencia de alguna medida cautelar, se disponga la sustitución de la prisión preventiva.
Además, presentó un escrito, el último 19 de marzo, en el que complementa sus fundamentos de apelación, solicitando que se declare fundado el recurso de apelación, señalando como pretensión principal se revoque la resolución apelada y como pretensión accesoria se declare la nulidad de la misma.
Andrés Hurtado es procesado por su presunta intervención en el pago de una supuesta coima entregada por Javier Miu Lei a fin de que, presuntamente, la entonces fiscal superior titular, Elizabeth Peralta, intervenga para que dicho empresario pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el 2020 y otros dos hechos.
Al respecto, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde solicitó 30 años de prisión para Hurtado Grados al acusarlo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.
LA RESOLUCIÓN APELADA
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley determinó que la medida de prolongación de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Suprema contra Hurtado Grados por 18 meses es idónea, necesaria y proporcional, porque con ella se alcanzará o favorecerá el fin perseguido legítimamente por el Estado; “esto es, no solo buscar asegurar la sujeción del imputado al proceso, sino también asegurar la aplicación de la ley penal material”.
El magistrado también concluye que persiste un latente peligro de fuga y de posibilidad de obstaculización; y en consecuencia con la medida impuesta se garantizaría la sujeción del exconductor de televisión al proceso, al tiempo de señalar que al hacerse la ponderación se evidencia que existen más razones que justifican la imposición de la medida, que además a la fecha no ha variado.
OTROS CASOS
Andrés Hurtado también afronta un proceso penal por su presunta intervención en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en el 2019, para renunciar a su nacionalidad peruana a fin de poder jugar en China.
La fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero pidió cuatro años y 8 meses de prisión efectiva para Andrés Hurtado “Chibolín” al acusarlo como presunto autor del delito de tráfico de influencias.
La magistrada solicitó también que el expresentador sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargo público y el pago de 242 días /multa a raíz de este caso.
Asímismo, Andrés Hurtado afronta una investigación preliminar en el Ministerio Publico por el presunto delito de lavado de activos.
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