Cada vez que un ciudadano paga el IGV, el impuesto a la renta o cualquier otro tributo, espera que esos recursos se traduzcan en mejores hospitales, colegios en buen estado, mayor seguridad o infraestructura de calidad. Sin embargo, la sensación predominante es otra: se recauda más, pero la administración pública no responde a las expectativas de la población. De acuerdo con un reciente análisis de ComexPerú, al cierre de abril los impuestos financiaron el 81.6% del presupuesto público anual. Pero quizá el dato más revelador es el destino de esos recursos: el principal componente del gasto corresponde a pagos al personal y obligaciones sociales del sector público, que representan el 41.8% del total financiado mediante impuestos.

En otras palabras, de cada S/ 100 del presupuesto público, alrededor de S/ 34 se destinan a planillas estatales. El problema no es contar con más o menos servidores públicos. El verdadero debate es si estamos utilizando eficientemente los recursos que ya recauda el Estado. Mientras persisten enormes brechas en seguridad, agua y saneamiento, infraestructura y calidad educativa, una parte importante del presupuesto continúa comprometida en gasto corriente. Con frecuencia se discute cuánto más debería recaudar el país. Pero con mucha menos frecuencia se discute cómo se gasta lo que ya se recauda. Y allí probablemente se encuentra uno de los mayores desafíos del Perú. El descontento social es una realidad. La población, en su justo reclamo, exige resultados. Antes de hablar de nuevos impuestos, convendría preguntarnos si estamos obteniendo el mejor retorno posible por cada sol que entregamos al Estado.

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