El Ministerio del Interior de Uruguay anunció este jueves una importante reestructuración en la cúpula de la Policía Nacional, con el objetivo de enfrentar el reciente aumento de balaceras y homicidios que afectó a varios barrios de Montevideo, especialmente en zonas periféricas.
La decisión fue comunicada por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien explicó que estos ajustes buscan “mejorar el rendimiento” de la fuerza policial y adaptar la estrategia a las necesidades actuales de seguridad en la capital.
Entre los cambios más relevantes, el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, fue removido de su cargo y transferido a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Su lugar será ocupado por el actual subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo.
Simultáneamente, el director de Investigaciones, Julio Sena, asumirá como subdirector general de la Policía. En la Guardia Republicana, la comandante general Angelina Ferreira fue relevada de su cargo y en su lugar fue designada Fabián Monzón, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de la Zona Operacional V de Montevideo.
En conferencia de prensa, Negro destacó que los cambios forman parte de “un monitoreo permanente” que la cartera realiza en función de las circunstancias de seguridad pública, particularmente ante el contexto de intensas balaceras registradas en distintos puntos de la ciudad en las últimas semanas.
Dificultades en la seguridad uruguaya
Las autoridades vincularon estos episodios de violencia con el control insuficiente de armas y municiones, una de las líneas de trabajo que el gobierno aspira a corregir con medidas de política pública para reducir tanto los tiroteos como los homicidios en la capital.
Solo en los últimos días, el barrio Los Sueños, ubicado en la zona de Manga de Montevideo, fue escenario de intensas balaceras que alteraron la convivencia de los vecinos y generaron alarma pública. El medio Ámbito, que citó al Gobierno, atribuyó las muertes en el país a guerras entre bandas criminales.
Un porcentaje aceptable
Pese a las acciones del Ejecutivo y la constante preocupación por los casos de violencia, en abril el Ministerio del Interior presentó un informe en el que se reflejó que los homicidios bajaron un 9,2% (98 a 89) y las amenazas un 5,8% (4.619 a 4.353), respecto del primer trimestre de 2025. Por otra parte, los feminicidios bajaron un 85,7%, mientras que los delitos sexuales disminuyeron un 8,5%.
Los delitos contra la propiedad también mostraron una disminución significativa. Las rapiñas bajaron un 7,3% (de 4.244 a 3.934), los hurtos descendieron un 10,1% (de 27.507 a 24.720), mientras que las estafas, los abigeatos y los vehículos hurtados también registraron caídas considerables, con disminuciones de 1,6%, 28,4% y 12,3%, respectivamente.
En el ámbito de los delitos complejos, las extorsiones disminuyeron un 15,3% y los secuestros fueron eliminados, al pasar de un caso a cero.
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