Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen atención a víctimas de violencia de género y sexual. Uno de esos servicios es la defensa legal gratuita. Para las denunciantes más pobres, son casi la única opción. Sin embargo, la escasez de personal, filtros débiles de contratación y la falta de capacitaciones generan problemas: entre 2021 y 2024, al menos, 249 víctimas estuvieron expuestas a repetir pericias y declaraciones o sufrir agresiones. Otras 15 que experimentaron irregularidades fueron víctimas de feminicidio en los meses posteriores. A mayo pasado, 301 abogados que trabajaban en estos centros tenían antecedentes de procesos administrativos. La cifra representa casi un tercio del total. Entre ellos, hay denunciados por violencia sexual, física y psicológica.
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