La disposición fiscal revela un presunto uso excesivo de la fuerza contra civiles en Huancavelica, donde un ciudadano colombiano habría sido impactado por más de medio centenar de proyectiles.
Hasta 51 impactos por proyectil de arma de fuego presenta uno de los cuerpos de los cinco fallecidos que dejó un operativo del Ejército el pasado 25 de abril en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica, de acuerdo con la disposición fiscal a la que tuvo acceso RPP.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín identificó a esta víctima como el ciudadano colombiano Nilsón Eduardo Montenegro, tras acceder a la disposición fiscal que investiga a ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado, luego de que la patrulla abriera fuego contra una camioneta bajo la sospecha de que transportaba un cargamento de droga proveniente del Vraem.
El documento fiscal detalla, además, una desproporción en el uso de las armas de guerra contra los cinco ocupantes que perdieron la vida y los tres sobrevivientes del incidente.
El informe forense del Ministerio Público no solo precisa el ensañamiento contra Montenegro Valencia, sino que también enumera la cantidad de disparos que alcanzaron al resto de las víctimas mortales en el sector de la carretera Colcabamba-Ayacucho.
Cristian Vilcatoma Águila recibió 16 impactos de bala, mientras que Wilder Romero Sevipaucar registró 12 proyectiles en su cuerpo; asimismo, William Núñez Soto y Jaime Bendezú Paraguay presentaron 8 y 3 impactos respectivamente.
Presunto uso excesivo de la fuerza
De acuerdo con la disposición fiscal, la patrulla militar se encontraba equipada con fusiles de asalto, granadas y municiones de guerra para interceptar una unidad sospechosa basándose en datos de inteligencia.
Los efectivos colocaron diversos obstáculos en la vía para obligar al vehículo a detenerse; sin embargo, cuando la unidad esquivó las barreras y continuó su marcha, los agentes iniciaron una descarga masiva de disparos a pesar de que no habría existido una agresión letal o una amenaza real e inminente que justificara tal respuesta.
La Fiscalía sostiene que los hechos evidenciarían un uso arbitrario de la fuerza, especialmente porque tras las diligencias posteriores no se hallaron armas de fuego ni cargamentos de sustancias ilícitas dentro de la camioneta, encontrándose únicamente rastros mínimos de marihuana y cocaína a través de pericias de adherencia.
Pedido de prisión preventiva
A pesar de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas defendió inicialmente la legalidad del operativo alegando una supuesta respuesta ante un ataque de delincuentes, los peritajes preliminares sugieren que se trató de un ataque unidireccional ejecutado por los uniformados.
Ante la gravedad de los hallazgos y el riesgo procesal, la fiscal provincial Zina Romero Chávez ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares involucrados, identificados como Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.
Uno de los sobrevivientes de la balacera describió el momento exacto en que la situación se tornó mortal cuando el vehículo intentó evadir el control, de acuerdo a un documento policial al que tuvo acceso RPP.
"Es así que en la madrugada, al estar cerca por este lugar, vi a unos uniformados en la carretera que tenían unas armas largas y el chofer de esta camioneta comenzó a acelerar y en ese momento escuché disparos, luego del susto me salté de la camioneta y me corrí hacia el río, luego en una roca me escondí", relató Ricardo Jamier Acuña Quispe, sobreviviente del incidente, ante las autoridades judiciales.
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