Pasaba largas horas frente al mar, se desplazaba en vehículos de alta gama y mantenía una vida de lujos mientras la Policía seguía cada uno de sus movimientos. Así fue identificado Orlando Sánchez, conocido como ‘Tío Luigi’, señalado como el presunto líder de una organización criminal dedicada a apropiarse de viviendas y stands cuyos propietarios habían fallecido para luego alquilarlos o explotarlos comercialmente.
La captura del presunto cabecilla es el resultado de una investigación desarrollada por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, que logró reconstruir el funcionamiento de una red que, según las autoridades, habría operado durante más de diez años en Lima.
De acuerdo con las pesquisas, la organización detectaba inmuebles cuyos propietarios habían fallecido o permanecían desocupados. A partir de esa información iniciaba una serie de trámites y operaciones que terminaban con la apropiación irregular de los predios.
Los investigadores sostienen que la red elaboraba documentación falsa para aparentar derechos sobre las propiedades. Entre los documentos utilizados figuran minutas, contratos y escrituras que posteriormente eran empleados para registrar los inmuebles a nombre de terceros.
La Policía también determinó que la organización obtenía importantes ganancias mediante el alquiler de los predios. Uno de los casos incluidos en la investigación corresponde a stands ubicados en el jirón Paruro, que eran alquilados por cinco mil dólares cada uno. Solo por ese concepto, la red habría administrado ingresos mensuales de aproximadamente 45 mil dólares.
LA RED QUE OPERABA DESDE LAS OFICINAS
Las investigaciones llevaron a la detención de diez personas. Entre ellas figuran trabajadores del Poder Judicial, de la Sunat y otros presuntos colaboradores que cumplían funciones específicas dentro de la organización.
Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de César Augusto Villanueva, trabajador de Sedapal. Según la hipótesis policial, su función consistía en verificar qué viviendas se encontraban deshabitadas mediante la revisión de los consumos de agua y entregar esa información al resto de integrantes.
Con esos datos, la organización podía identificar posibles objetivos y activar el mecanismo que terminaba con la apropiación de los inmuebles. Posteriormente, los predios eran alquilados, vendidos o explotados comercialmente para generar ganancias económicas.
Las autoridades calculan que el valor de los bienes apropiados supera los 59 millones de soles. Además, la investigación señala que la organización habría acumulado aproximadamente 25 millones de dólares durante el tiempo que permaneció activa.
Uno de los detenidos durante los operativos, señalado como abogado, manifestó su sorpresa al momento de la intervención y aseguró no comprender las acusaciones formuladas en su contra. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que algunos profesionales participaban colocando firmas y sellos en documentos relacionados con las transferencias investigadas.
HOMICIDIOS BAJO INVESTIGACIÓN
La investigación policial también ha puesto la mirada en dos homicidios que estarían relacionados con las actividades de la organización. Uno de los casos involucra a Daniel Castillo y otro a un docente identificado como profesor Pimentel.
Según la información policial, el profesor Pimentel era padre de uno de los intervenidos y trabajador de Sedapal. Su función habría estado relacionada con la identificación de inmuebles en desuso que posteriormente eran seleccionados como potenciales objetivos.
Entre los hechos violentos que forman parte de las investigaciones figuran el asesinato de un hombre dentro de su vehículo en la avenida Camino Real, ocurrido en septiembre de 2024, así como el homicidio de un profesor del colegio Julio Cetella registrado en octubre del mismo año.
Las medidas judiciales ya alcanzan a varios de los investigados. El proceso determinó 36 meses de prisión preventiva para el presunto cabecilla y quien sería considerado el brazo legal de la organización. Otros dos investigados, vinculados al Poder Judicial y a la Sunat, recibieron 18 meses de prisión preventiva, mientras que el resto afronta comparecencia con restricciones.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de una organización que, según la Policía y el Ministerio Público, logró construir durante años una compleja red para apropiarse de inmuebles cuyos propietarios ya no podían defenderlos.
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