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El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo N.° 1746, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado y crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE). La herramienta busca identificar a las organizaciones que, para conseguir beneficios económicos o patrimoniales, recurran a atentados con explosivos o armas contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos e infraestructura esencial.

La información del registro tendrá carácter secreto y su administración estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA). La norma también incorpora al Código Penal una nueva modalidad agravada del delito de organización criminal con prácticas terroristas, sancionada con una pena de entre 15 y 35 años de prisión.

¿Qué organizaciones podrán ser inscritas en el registro?

El decreto establece dos vías para sustentar la inscripción en el RENOCTE. La primera comprende los casos en los que exista una investigación preparatoria formalizada, medidas de coerción personal o una sentencia condenatoria por el delito previsto en el nuevo artículo 317-C del Código Penal.

La segunda permite que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) declare a una organización como criminal con prácticas terroristas, sobre la base de información de inteligencia o seguridad nacional y de acuerdo con los criterios fijados en la norma.

Para esta evaluación, el consejo deberá verificar tres condiciones:

  • Que exista una estructura delictiva organizada y jerarquizada.
  • Que la organización planifique, ejecute o promueva atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial u otras actividades económicas.
  • Que sus integrantes busquen obtener un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.

El COSEDENA podrá solicitar información a entidades públicas y recurrir a mecanismos de cooperación internacional para evaluar cada caso. Si aprueba la declaratoria, dispondrá la inscripción de la organización, sus integrantes y colaboradores en el registro.

Congelamiento de fondos y alertas migratorias

Entre las medidas incorporadas por el decreto figura la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) para disponer el congelamiento inmediato de fondos o activos de personas naturales o jurídicas comprendidas en el RENOCTE.

La norma también establece que la SEDENA remitirá a la Superintendencia Nacional de Migraciones la información de las personas naturales inscritas en el registro. Con esos datos, la entidad podrá generar alertas migratorias preventivas, de acuerdo con la legislación vigente.

Estas disposiciones forman parte de las medidas preventivas que el decreto incorpora a la Ley contra el Crimen Organizado y buscan ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a las organizaciones que empleen prácticas terroristas para alcanzar sus fines económicos.

Penas de hasta 35 años por organización criminal con prácticas terroristas

El Decreto Legislativo N.° 1746 incorpora el artículo 317-C al Código Penal, que establece una pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 35 años para quien, como parte de una organización criminal, instrumentalice el temor mediante prácticas terroristas para obtener un beneficio patrimonial o lucro ilegítimo.

La disposición contempla atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos, infraestructura esencial u otras actividades económicas.

El nuevo delito también se incorpora a la lista de ilícitos comprendidos en la Ley contra el Crimen Organizado. Además, la norma modifica el objeto de esta ley para incluir medidas preventivas contra las organizaciones criminales, sus miembros y colaboradores.

¿Cuándo se implementará el registro?

El decreto encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros aprobar el reglamento del nuevo título de la Ley contra el Crimen Organizado en un plazo de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente de la entrada en vigencia de la norma.

El reglamento deberá ser refrendado por los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos. La implementación del registro se financiará con los presupuestos de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El Decreto Legislativo N.° 1746 fue publicado el 20 de noviembre de 2026 y lleva las firmas de los ministros correspondientes.

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