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por Sebastián Acosta
Actualizado el 19 de Nov, 2026 10:06 pmEl magistrado sostuvo que sus colegas en el Pleno del Tribunal Constitucional deben dar a conocer su postura respecto de este tema, explicar su motivación e informarla a la ciudadanía, por lo que expresó su rechazo a la dilación de sus votos.
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, exhortó este jueves a dos de sus colegas en el Pleno del máximo intérprete de la Carta Magna a emitir su voto sobre la ponencia de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley de amnistía a policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, aprobada por el Congreso en 2025.
En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el tribuno indicó que el pasado 2 de octubre se debatió y votó su ponencia sobre esta demanda de inconstitucionalidad que planteó la Defensoría del Pueblo; sin embargo, al final de la sesión tres magistrados no emitieron su voto.
Se trata de Luz Pacheco, Pedro Hernández y Francisco Morales, de los cuales Pacheco presentó su voto con posterioridad, pero no hubo pronunciamiento de los otros dos tribunos.
“Son dos magistrados que a la fecha han reservado su voto. Por eso yo solicité en la última sesión de Pleno al presidente del Tribunal y me dirigí cordialmente a él. Formulé el pedido por escrito y en la sesión de Pleno de 10 de noviembre le reiteré este pedido. En presencia de todos los magistrados del pleno del Tribunal Constitucional”, indicó.
“Algunos pueden considerar que bueno, no es la primera vez, que hay gente que se reserva el voto y se demora, pero eso ocurre o ha ocurrido en proceso de amparo o en un habeas corpus y no debe ocurrir tampoco. Pero no en un proceso de inconstitucionalidad, más bien en esos casos se le da la celeridad que merece e incluso nos ponemos de acuerdo para que se entreguen los votos y se firme digitalmente”, agregó.
"No hay un derecho a no votar"
Al ser consultado sobre los motivos por los que los magistrados no han emitido su voto sobre esta ponencia hasta el momento, Ochoa prefirió no especular, pero consideró que la demanda de inconstitucionalidad a la ley de amnistía es muy importante como para que la falta de votos sea un tema reservado.
“Yo no podría entrar ya sobre las ponencias ni las posiciones de los magistrados por cuanto ya podrían considerar que estoy violando la reserva. Pero esto de la falta de los votos no es un tema pues reservado. Es un tema que tiene que conocerse porque ha habido una sesión de votación”, sostuvo.
Añadió, en ese sentido, que sus colegas en el Pleno del Tribunal Constitucional deben dar a conocer su postura respecto de este tema, que expliquen su motivación y que la hagan conocer a la ciudadanía, por lo que expresó su rechazo a la dilación de sus votos y reiteró su llamado a que se pronuncien.
“Hay una obligación de votar. Están a favor o en contra de la ponencia y deben decir por qué. El Tribunal Constitucional debe ser una entidad ejemplar de la razón pública, como se dice en la filosofía política. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones deben ser motivadas y conocidas por la ciudadanía. Pero no hay un derecho a no votar y a extender esta situación indefinidamente. No hay un derecho a retener un expediente. Eso no existe de ninguna manera. Y yo no estoy acusando ni estoy haciendo una imputación, estoy señalando un hecho objetivo”, manifestó.
Demanda de inconstitucionalidad
El 12 de setiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensas que participaron en la Lucha contra el Terrorismo entre los años 1980 y 2000. Dicha norma fue aprobada por el Congreso el 9 de julio de 2025.
En la demanda, la Defensoría alega que la referida norma vulnera el derecho a la igualdad, el derecho a la verdad, justicia y reparación, así como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, sostiene que la norma aprobada contravendría diversos tratados internacionales, compromisos asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos, así como la misma Constitución.
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