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La procuradora general del Estado, María Caruajulca, afronta una investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad. La decisión fue adoptada por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que dispuso abrir diligencias durante 60 días a raíz de una denuncia presentada por el exprocurador público de la Contraloría General de la República, Amado Daniel Enco Tirado.

La disposición fiscal 2-2026-MP-FN-FSEDCFP, emitida el 10 de noviembre, señala que la investigación busca esclarecer el presunto carácter arbitrario de la resolución mediante la cual se dispuso el cese de Enco el pasado 9 de julio. El documento identifica a Caruajulca como investigada en su condición de procuradora general del Estado y presidenta del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE).

El origen de la denuncia: una salida por "pérdida de confianza"

El 26 de agosto de 2026, Enco presentó una denuncia contra Caruajulca y otros dos integrantes del Consejo Directivo de la PGE: Edmundo Alberto Guardia Yzaguirre, representante de la Contraloría, y Magno Abraham García Chávarri, representante del Ministerio de Justicia.

El cuestionamiento se origina en la Resolución N.° D000438-2026-JUS/PGE-PG, del 9 de julio de 2026, que dio por culminadas las funciones de Enco como procurador público de la Contraloría General de la República. La resolución invocó la causal de término de la designación prevista en el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Legislativo 1326.

Sin embargo, el denunciante sostiene que el argumento utilizado para apartarlo fue la «pérdida de confianza», pese a que había llegado al cargo mediante un concurso público de méritos. A criterio de Enco, esa causal no correspondía a su situación ni estaba contemplada entre los supuestos legales de cese aplicables a su condición.

En la denuncia se cuestiona, además, que la decisión se sustentara en la referencia al acta de la Centésima Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la PGE, realizada el 8 de julio de 2026, sin una fundamentación suficiente que justificara su salida.

¿Por qué dio el cese de Amado Enco?

Uno de los elementos que la Fiscalía busca esclarecer es el sustento administrativo utilizado para justificar la decisión. Según la denuncia, en el acta de la sesión se consignó un memorando que contenía reportes sobre presuntas faltas de impulso procesal, incumplimiento de mandatos judiciales y presentación extemporánea de recursos impugnatorios en distintos procesos.

Enco sostiene que esos cuestionamientos debieron ser evaluados mediante el procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 40 y 41 del Decreto Legislativo 1326 y su reglamento, y no mediante una decisión de cese sustentada en la pérdida de confianza.

El denunciante también cuestiona que Caruajulca se hubiera involucrado en una queja disciplinaria que todavía se encontraba en trámite. Esta había sido trasladada a la Procuraduría General del Estado mediante un oficio relacionado con una denuncia del congresista Paul Felipe Doroteo Carbajo contra Enco, por su actuación funcional en el expediente judicial 649-2014-0-1401-JR-0403.

La Fiscalía deberá determinar si estos antecedentes tuvieron relación con la decisión de apartarlo del cargo y si el procedimiento seguido respetó las disposiciones que regulan el sistema de defensa jurídica del Estado.

Las diligencias que ordenó la Fiscalía

La disposición fiscal no se limita a abrir la investigación. También establece una serie de actuaciones para reconstruir cómo se tomó la decisión de retirar a Enco. Entre ellas figura recibir la declaración testimonial del denunciante, así como las declaraciones de Edmundo Alberto Guardia Yzaguirre y Magno Abraham García Chávarri, quienes participaron en la sesión del Consejo Directivo del 8 de julio.

La Fiscalía también dispuso recibir la declaración indagatoria de María Aurora Caruajulca, con la asistencia de su abogado defensor. Otro requerimiento relevante está dirigido a la propia Procuraduría General del Estado. El despacho fiscal solicitó copias del expediente del procedimiento administrativo disciplinario PAD 43-2026, así como el acta y las grabaciones de audio y video de la sesión extraordinaria en la que se aprobó el cese.

También pidió los informes técnicos y legales de las oficinas que intervinieron en la elaboración de la resolución, además de los antecedentes y documentos que sustentaron los reportes sobre presuntas deficiencias en el desempeño de Enco. A la Contraloría General de la República se le requirió el expediente de postulación, el concurso público de méritos y los documentos de designación del exprocurador, con el propósito de establecer las condiciones bajo las cuales accedió al puesto.

¿Quién es María Caruajulca y por qué importa el caso?

María Aurora Caruajulca Quispe es la titular de la Procuraduría General del Estado, organismo encargado de dirigir el sistema de defensa jurídica de los intereses del Estado. Su posición también la coloca al frente del Consejo Directivo de la institución.

Su trayectoria en el cargo ha tenido episodios controvertidos. Fue designada procuradora general en febrero de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el Ejecutivo dio por concluida su designación bajo el argumento de pérdida de confianza.

Caruajulca acudió al Poder Judicial y obtuvo una decisión cautelar que ordenó su reposición. En mayo de 2024, el Gobierno oficializó su restitución mediante la Resolución Suprema 099-2024-JUS, en cumplimiento del mandato judicial y mientras se resolvía el proceso principal.

La relevancia del caso actual radica en que la denuncia cuestiona precisamente el uso de la pérdida de confianza como argumento para retirar a un procurador que ingresó por concurso público. La discusión alcanza las facultades del Consejo Directivo de la PGE, los procedimientos de evaluación y las garantías que rigen la permanencia de los procuradores públicos.

Por ahora, la Fiscalía ha dispuesto que la investigación se concentre en Caruajulca. Respecto de Guardia Yzaguirre y García Chávarri, la disposición señala que las copias de la denuncia fueron remitidas a una fiscalía provincial penal de Lima Centro, debido a que ambos no están comprendidos en la competencia especial de la Fiscalía Suprema que emitió el pronunciamiento.

Los 60 días de diligencias deberán permitir establecer si existieron elementos suficientes para sostener que el cese de Enco constituyó un acto arbitrario y si corresponde avanzar hacia otra etapa de investigación.

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