En el encuentro con el papa León XIV, realizado este domingo 15 de noviembre en Pucallpa, en la región Ucayali, el apu Julio Cusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), entregó un presente y una carta que expone las graves amenazas contra los pueblos indígenas amazónicos y solicita su respaldo para exigir acciones concretas al Estado peruano. El documento, refrendado institucionalmente por el presidente del gremio Jorge Pérez Rubio, alza la voz en representación de 64 pueblos indígenas, nueve organizaciones regionales y 2439 comunidades amazónicas que exigen la protección inmediata de sus vidas, bosques y territorios.

El desmantelamiento de las reservas para pueblos en aislamiento

La alerta más crítica del documento advierte sobre la desprotección sistemática de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). AIDESEP denunció que el Estado peruano está desmantelando las garantías de supervivencia del pueblo Mashco Piro —el grupo en aislamiento más grande del planeta— al rechazar el pasado 23 de octubre la ampliación territorial de la reserva Madre de Dios. Asimismo, la organización acusó el bloqueo en el reconocimiento de la Reserva Indígena Atacuari en Loreto y el rechazo de la Reserva Yavarí Mirim, dejando totalmente desprotegidos a los pueblos aislados Matsés, Matís, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro.

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Fuego provocado, desprotección jurídica y «leyes pro crimen»

La misiva expuso cómo los incendios forestales son instrumentalizados intencionalmente para invadir ecosistemas y transformarlos en áreas de monocultivos agroindustriales, exigiendo investigaciones drásticas para no otorgar derechos sobre estas tierras arrasadas. Esta vulnerabilidad se agrava por el déficit de titulación que afecta a más del 30 % de las comunidades nativas (más de 600), exponiéndolas al tráfico de tierras y economías ilegales.

AIDESEP responsabilizó directamente a las denominadas «leyes pro crimen» aprobadas por el Congreso anterior, las cuales generan incentivos perversos para los invasores. También cuestionaron el rol de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), acusándola de apropiarse de territorios bajo la figura de fajas marginales mientras mantiene inacción frente a los ilegales. Frente a esta crisis, respaldaron litigios emblemáticos como la demanda del pueblo Secoya ante el Tribunal Constitucional para evitar la fragmentación de su territorio integral.

AIDESEP denunció que el Estado peruano está desmantelando las garantías de supervivencia del pueblo Mashco Piro, el grupo en aislamiento más grande del planeta, al rechazar el pasado 23 de octubre la ampliación territorial de la reserva Madre de Dios. (Foto: Difusión)

Impunidad letal y criminalización de defensores

El avance del crimen organizado, el narcotráfico y la tala ilegal ha dejado un saldo de más de 37 defensores indígenas asesinados en regiones como Ucayali, Loreto, San Martín, Pasco, Amazonas y Cusco. Recordando a los mártires de Saweto, Quinto Inuma y Mariano Isacama, el gremio condenó la persistente impunidad y la falta de reparación estatal. Ante el fracaso del Mecanismo Intersectorial de protección, exigieron el reconocimiento formal de las guardias indígenas y demandaron al Poder Judicial respetar la jurisdicción especial establecida en el artículo 149 de la Constitución, cesando la criminalización de la defensa territorial.

Ríos contaminados y erradicación del mercurio

La minería aluvial de oro fue señalada como una fuerza destructiva que aniquila la vida hidrobiológica, contamina las aguas con mercurio e introduce problemáticas sociales como la trata de personas y la desestructuración familiar. Las comunidades exigieron una presencia real del Estado, la proscripción definitiva del uso del mercurio y la prohibición de otorgar nuevos derechos mineros en la Amazonía.

Apelando al conocimiento que el Sumo Pontífice tiene del Perú, AIDESEP concluyó su carta rogándole al Papa León XIV que alce su voz por aquellos indígenas que, por su condición de no contacto, no pueden hacerlo. La organización instó a que el Vaticano exhorte al Gobierno peruano a posicionar la vida de los PIACI por encima de cualquier interés económico, garantizando que sus territorios sean respetados para asegurar la esperanza de las futuras generaciones.

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