La minería ilegal de oro fluvial, una economía ilícita que moviliza hasta 16 000 millones de dólares, transforma el tejido comunal, permea las estructuras del Estado y supera al narcotráfico, se ha convertido en una amenaza existencial para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Así lo revela el capítulo 6 del libro «Cómo luchas contra el dinero: minería ilegal, comunidades y Estado en la Amazonía de Perú y Colombia,» publicado por GRADE, Proética y Rainforest Foundation Norway, el cual advierte que la extracción aurífera está introduciendo deforestación, mercurio y violencia en territorios antes intocados de Perú y Colombia.

Intangibilidad bajo asedio legal y territorial

Aunque la intangibilidad territorial es el pilar para proteger a estas poblaciones vulnerables, los intereses políticos y económicos la desafían constantemente. En el Perú, donde el Estado reconoce a 25 grupos PIACI bajo la Ley N° 28736, intentos legislativos como el Proyecto de Ley 3518-2022/CR buscaron transferir a los gobiernos regionales la facultad de extinguir reservas indígenas, un acto que la Defensoría del Pueblo calificó como una grave contravención a los derechos humanos. Además, el artículo 5c de la actual legislación permite actividades de «necesidad pública» sin definirlas claramente, abriendo la puerta a operaciones extractivas en zonas como la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y la propuesta reserva Napo Tigre.

Los investigadores sostienen que los operativos de interdicción no son suficientes para frenar esta actividad y plantean fiscalizar las cadenas de comercialización del oro, investigar las redes financieras y fortalecer la trazabilidad internacional. (Foto: Inforegión) Nota relacionada

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El avance de las dragas y el desplazamiento forzado 

La presencia de la minería ilegal avanza sin freno en las cuencas amazónicas. En la región Loreto, se han identificado más de 120 dragas operando en el río Nanay, mientras que en la zona prevista para la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes ya se registra actividad minera. La presión extractiva también asedia la Reserva Isconahua en Ucayali y el río Atacuari en la frontera binacional, introduciendo dinámicas de violencia y trata de personas.

Este cerco territorial está provocando desplazamientos involuntarios y un alto riesgo de «contacto forzado». Organizaciones como FENAMAD alertan que los Mashco Piro, en Madre de Dios, han sido empujados hacia cuencas como Pariamanu y Las Piedras, zonas ya impactadas por enclaves mineros que destruyen recursos vitales como las playas de anidación de taricayas. De manera alarmante, el Corredor Territorial Yavarí Tapiche, que alberga la mayor concentración de pueblos aislados del mundo, ha perdido más de 29 000 hectáreas de bosque primario, un problema agravado por concesiones mineras cercanas al trazo de la futura carretera Jenaro Herrera-Colonia Angamos. También se han reportado campamentos mineros y cocaleros en la propuesta Reserva Alto Tamaya-Abujao.

Los Mashco Piro, en Madre de Dios, han sido empujados hacia cuencas como Pariamanu y Las Piedras, zonas ya impactadas por enclaves mineros. (Foto: Mincul)

Mercurio: una sentencia de muerte lenta

El uso indiscriminado de mercurio representa un impacto insidioso y letal para los pueblos aislados. Diversos estudios en comunidades nativas peruanas han detectado niveles de mercurio en la sangre que superan hasta en seis veces los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para los PIACI, esta contaminación agrava su extrema vulnerabilidad inmunológica, ya que dependen exclusivamente de los ríos para subsistir y no tienen la posibilidad de variar su dieta, enfrentándose a una intoxicación crónica.

Una crisis transfronteriza 

El panorama en Colombia refleja una crisis paralela y un descontrol territorial. La minería ilegal opera como un sistema de gobernanza de facto en ríos vitales como el Inírida, Atabapo, Guainía, Putumayo, Caquetá y Apaporis, penetrando áreas críticas de protección. La situación más delicada ocurre en el Parque Nacional Natural Río Puré, hogar de los pueblos aislados Yuri y Passé, donde la presencia de mineros ilegales y grupos armados eleva drásticamente el riesgo de violencia física y exterminio por enfermedades infecciosas. Ante esta problemática que trasciende fronteras, el informe subraya la necesidad impostergable de implementar controles estatales efectivos y cordones sanitarios binacionales para evitar la desaparición física y cultural de estos pueblos.

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