Gobierno anuncia que militar en retiro dirigirá la jefatura del establecimiento penitenciario de la Diroes

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, confirmó el cambio inmediato de Calixto Lucero Rodríguez en la dirección del penal de la Diroes. Asimismo, adelantó que su reemplazo será un militar en retiro.

El titular de Justicia indicó que la decisión se adoptó tras detectarse presuntas irregularidades que comprometerían la neutralidad en la custodia del expresidente Pedro Castillo. Esto, luego de que el dominical Cuarto Poder informara que la hija de Lucero Rodríguez fue contratada como personal técnico de la bancada de Juntos por el Perú en el Congreso, con una remuneración mensual de S/8.300.

“Sí, que obviamente va a haber un trato de favor (a Pedro Castillo). Y eso es uno de los problemas que afronta en cuanto a la seguridad misma del penal. Hemos dispuesto de inmediatamente la rotación”, aseguró el ministro a RPP.

Álvarez explicó que no se habían emitido alertas con anterioridad debido a que el funcionario saliente pertenece a la carrera penitenciaria y, por tanto, no tenía la obligación legal de presentar una declaración jurada de intereses.

En ese contexto, el representante del Ejecutivo advirtió sobre las falencias que arrastran los organismos de inteligencia del Estado. Sostuvo que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) debería supervisar los posibles conflictos de intereses institucionales, pero cuestionó que los mecanismos de control público hayan sido utilizados con fines políticos o afectados por actos de corrupción durante años.

“Fíjese el nivel de desfachatez, porque normalmente, en otra circunstancia, en un país desarrollado, se hubiera contratado la hija en una empresa privada relacionada indirectamente... acá de frente al Congreso de la República. Es una situación en la cual la gente cree en impunidad”, expresó. 

Por último, el ministro de Justicia aseguró que la designación del nuevo director del penal de Barbadillo se concretará en breve. En ese sentido, indicó que el nombramiento del militar en retiro se oficializará durante esta semana.

INPE retira del cargo al director del penal de Barbadillo

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes por la noche que decidió retirar a Calixto Lucero Rodríguez de la dirección del penal de Barbadillo y que designará a un nuevo responsable para conducir el establecimiento penitenciario.

Mediante un comunicado, el organismo penitenciario señaló que la decisión fue adoptada tras registrarse hechos de gravedad “y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario”.

La salida de Lucero Rodríguez se produce tras conocerse presuntas irregularidades que comprometerían la imparcialidad en la custodia del expresidente Pedro Castillo. El programa dominical Cuarto Poder reveló que la hija del funcionario fue contratada como personal técnico de la bancada de Juntos por el Perú en el Congreso, con un sueldo mensual de S/8.300.

En el pronunciamiento, el INPE “reafirma su compromiso con una gestión segura y transparente” y asegura que continuará “adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios”.

🔴 𝗜𝗡𝗣𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗨𝗘𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗢 𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗗𝗜𝗟𝗟𝗢 https://t.co/WesN0PaSLe

— Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 10, 2026

Juntos por el Perú contrató en el Congreso a familiares de agentes del INPE asignados a la custodia de Pedro Castillo

La contratación de familiares directos de agentes del INPE y de un exdirector del penal de Barbadillo, en Ate, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo, fue revelada en un reportaje de Cuarto Poder.

Según la investigación, estas personas obtuvieron puestos remunerados en despachos de congresistas, la bancada parlamentaria y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, espacios vinculados a Juntos por el Perú.

La coincidencia de estas contrataciones despertó cuestionamientos sobre un posible beneficio al personal penitenciario responsable de supervisar el cumplimiento de las condiciones de reclusión del exmandatario, quien permanece detenido tras el fallido intento de quiebre constitucional de diciembre de 2022.

Uno de los casos identificados es el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, quien trabaja como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas y percibe un sueldo de S/8.300. La trabajadora es hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo. El pasado 18 de octubre, cámaras de América Televisión captaron al funcionario trasladando en su vehículo a un visitante del exmandatario, luego de que este saliera del centro penitenciario.

Otro caso corresponde a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con una remuneración de S/8.000. Él es hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE.

A estas contrataciones se suma la incorporación de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal de Barbadillo, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la parlamentaria Catherine Palomino Casavilca. Su designación genera cuestionamientos debido a que este grupo de trabajo tendrá a su cargo la evaluación de proyectos de amnistía. En ese sentido, Sandoval fue citado en 2023 por la Comisión de Fiscalización para responder por presuntas facilidades concedidas al expresidente.

La diputada Azucena Isla Rojas afirmó que la contratación de Yulissa Lucero respondió a una necesidad de su despacho y descartó que el expresidente Pedro Castillo le haya recomendado incorporar a la trabajadora. Además, aseguró que no tiene ningún vínculo ni conoce al director del penal de Barbadillo.

Por otro lado, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado evitaron pronunciarse ante la prensa sobre una posible influencia de sus padres en sus respectivas contrataciones. A su vez, Héctor Sandoval negó que el expresidente haya intervenido en su incorporación a la Comisión de Justicia y derivó las consultas sobre su trayectoria profesional a la oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República.

Diario Correo

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