4

La dependencia económica respecto al agresor constituye uno de los obstáculos estructurales más severos que enfrentan las mujeres en situación de vulnerabilidad en el Perú. Esta condición actúa muchas veces como un "ancla" que les impide denunciar o abandonar el círculo de abuso debido a la falta de ingresos propios para subsistir. Con el fin de quebrar este monopolio financiero y ofrecer una alternativa real, la diputada Flor Meza Rivera, de la bancada de Fuerza Popular, presentó una propuesta legislativa para implementar la estrategia de desarrollo municipal denominada “Florece Mujer”.

La iniciativa propone modificar el artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades para incorporar un mandato expreso que faculte a los gobiernos locales a promover la autonomía económica de las afectadas. En la práctica, esto obliga a los municipios distritales y provinciales a diseñar una ruta de atención personalizada que brinde a cada beneficiaria herramientas concretas para su desarrollo integral, adaptando los proyectos a la realidad de cada territorio.

La propuesta consiste en una intervención progresiva que abarca desde un diagnóstico socioeconómico individualizado y detección de riesgos, hasta capacitaciones técnicas y digitales orientadas a la reconversión laboral. Asimismo, los municipios deberán ofrecer asistencia técnica para el emprendimiento, educación financiera y facilidades directas para que las mujeres accedan a canales de comercialización locales, como ferias distritales y mercados. Para viabilizar esto, el proyecto también contempla servicios complementarios de cuidado infantil y protección, garantizando el tiempo necesario para el aprendizaje.

Un aspecto fundamental de la norma es que la participación en este programa es estrictamente voluntaria. El texto de la ley aclara de forma explícita que la atención no impone a la beneficiaria la obligación forzosa de aceptar un empleo específico o iniciar un negocio determinado. Además, se resguarda rigurosamente la confidencialidad de la información y la integridad física y psicológica de las mujeres durante todo el proceso de acompañamiento.

Iniciativa busca que las mujeres no dependen económicamente de sus agresores.

“A diferencia de otros programas estatales, el acceso a "Florece Mujer" no estará condicionado a la existencia de una denuncia penal previa. Debido a que más del 70% de las víctimas no denuncia formalmente por temor o control patrimonial, el ingreso al programa se sustentará únicamente en una evaluación técnica de vulnerabilidad emitida por profesionales de los Centros Emergencia Mujer (CEM), el Servicio de Atención Urgente (SAU) o las DEMUNA”, sostuvo la parlamentaria a CARETAS.

De acuerdo a la propuesta, tiene una viabilidad técnica ya que su ejecución no demandará recursos adicionales al tesoro público ni generará iniciativa de gasto. Las funciones dispuestas se financiarán de manera progresiva con el presupuesto institucional de cada municipalidad a través de la optimización de sus partidas ordinarias y mediante la formulación de proyectos dentro de los procesos de presupuesto participativo. Todo el sistema se articulará de forma descentralizada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para aprovechar la estructura estatal vigente sin crear nueva burocracia.

"La violencia contra la mujer no solo vulnera de forma gravísima sus derechos a la integridad física, psicológica y sexual, sino que destruye de manera sistemática su autonomía económica. Según la CEPAL, la falta de ingresos propios es el principal obstáculo estructural que impide a las víctimas abandonar hogares violentos. Es así que, en una alta proporción de casos, la dependencia económica respecto del agresor se constituye en un factor de subordinación determinante que impide la denuncia, obstaculiza la salida del círculo de violencia y neutraliza la efectividad de las medidas de protección dictadas por el sistema de justicia”, destacó la diputada.

En esa línea, Flor Meza dijo que la respuesta jurisdiccional se agota en la emisión de medidas de protección y en la persecución penal, omitiendo neutralizar la subordinación patrimonial de la víctima. A su juicio, el problema público radica en la necesidad de fortalecer la intervención descentralizada del Estado, a través de los gobiernos locales, lo que permita devolverles a las mujeres víctimas de violencia la capacidad para generar sus propios ingresos, permitiendo al Estado trascender de un enfoque puramente asistencial y punitivo a uno de recuperación productiva.

Propuesta también tiene una arista contra los agresores de mujeres.

"Exigir un proceso judicial desprotege a más del 70% de víctimas que no denuncian debido al control económico. El acceso al programa se sustenta en la evaluación técnica de vulnerabilidad emitida por profesionales del CEM, SAU, Demuna, salvaguardando la confidencialidad de las beneficiarias”, finalizó la parlamentaria.

Congreso de la RepúblicaFlor MezaFuerza Popular

Leer artículo completo en caretas.pe →