Las agroexportaciones peruanas pasaron de US$ 642 millones en 2000 a US$ 14,529 millones en 2025. Un crecimiento de más de 22 veces que no ocurrió por casualidad. Fue resultado de inversión privada, apertura comercial, irrigaciones, tecnología y un marco normativo promotor. Los resultados trascienden las exportaciones. El empleo formal sectorial creció 165% entre 2011 y 2025, mientras proyectos como Olmos y Chavimochic transformaron desiertos en tierras productivas. Sin embargo, este modelo enfrenta nuevos cuestionamientos. En su opinión sobre un proyecto que busca excluir a las grandes empresas de los beneficios del régimen agrario, el MEF cuestiona la focalización de los incentivos y enfatiza su costo fiscal. Por supuesto, los incentivos deben evaluarse. Pero hacerlo exige considerar también la inversión, el empleo formal y la actividad económica que generan. El informe del MEF reconoce estas dimensiones, pero no cuantifica las consecuencias económicas de restringir el régimen. ¿No sería más productivo que el MEF, junto con el Midagri, trabajara para incorporar a más productores y empresas a este modelo? Apenas uno de cada diez productores accede a crédito agrario. Persisten, además, barreras de infraestructura, tecnología, formalización y acceso sanitario que dificultan su llegada a los mercados internacionales. Las grandes empresas pueden contribuir a superar estas brechas mediante cadenas de suministro, transferencia tecnológica y articulación comercial. El desafío no consiste en reducir las oportunidades de quienes lograron crecer, sino en multiplicarlas para quienes permanecen fuera. El Perú no necesita desmontar lo que funciona. Necesita conseguir que funcione para muchos más.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →