El problema del caso de Rafael López Aliaga comenzó cuando se permitió que un senador electo y proclamado postulara como primer regidor de Lima, siendo que el cargo de senador es irrenunciable. Pese a ello, el JNE lo dejó postular como regidores abriendo así paso a otra controversia que era el impedimento constitucional para la reelección inmediata burlado por la “reelección encubierta”.

Tras la renuncia del candidato a alcalde de su lista, López Aliaga quedó en posición de acceder al cargo mediante la sucesión municipal. Sin embargo, el JNE, esperó a que los electores limeños votaran como muchos electores a nivel nacional que optaron por sus alcaldes reeleccionistas bajo esta sacada de vuelta a la norma.

La Resolución N° 4557-2026-JNE, adoptada por mayoría, plantea otra controversia. La Ley Orgánica de Municipalidades establece una línea de sucesión ante la ausencia del alcalde, mientras que el JNE extiende el impedimento de reelección a quien fue elegido primer regidor. Esto obliga a discutir el alcance del artículo 139 de la Constitución, que prohíbe aplicar por analogía normas que restringen derechos.

Así, entre una candidatura que nunca debió llegar a este punto y una respuesta electoral tardía, que se debió haber dado antes del 4 de octubre pasado, la institucionalidad ha quedado en una situación de precariedad. Aunque en algunos magistrados haya prevalecido la cordura, el resultado es preocupante. Hoy tenemos un elector que votó por una lista donde el siguiente a asumir la alcaldía era el primer regidor y terminará recibiendo otra autoridad que no esperaba. Que no nos llame la atención tener alcaldes en ejercicio a través de acciones de amparo en los próximos meses.

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