28 meses fuera del cargo. La JNJ, que preside la consejera María Teresa Cabrera, debe decidir en los siguientes días si Juan Gustavo Varillas Solano continúa desempeñándose como juez civil y comercial de Lima.
Junta Nacional de Justicia, que preside María Teresa Cabrera | JNJDifusiónPor César Romero CalleSábado 07 de Noviembre del 2026 · 17:40h
La República en GoogleEl juez de las medidas cautelares exprés, Juan Gustavo Varillas Solano, ha pasado más de dos años suspendido desde el 2015 a la actualidad, pero nada de esto aparece en el informe elaborado por la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de la Junta Nacional de Justicia, que sirve de base para decidir, en las próximas semanas, si está apto para continuar desempeñándose como magistrado.
Dicho informe, al que ha tenido acceso La República, tampoco menciona que Varillas enfrentó un proceso penal en la Corte Suprema con comparecencia y embargo de sus bienes por presunta vinculación con la red Orellana. Lo mismo sucede con la investigación de la fiscalía por vínculos con “Los Cuellos Blancos del Puerto” por un intercambio de llamadas telefónicas con el prófugo César Hinostroza.
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En febrero de 2018, Hinostroza llamó a Varillas para pedirle que recibiera de forma reservada al abogado Mario Castillo, debido a que este le había “dado una mano” en el pasado. Varillas respondió que estaba prohibido recibir a un abogado en su despacho, pero que se pueden encontrar fuera de los ambientes judiciales.
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Ratificación y calificación
Conclusiones del informe de ratificación del juez Juan Varillas
“Dale mi teléfono y ya nos vemos en un sitio”, se escucha decir a Varillas. A lo cual, Hinostroza señala: “Ya mejor... ya no en tu despacho, sino en otro lugar. Ya me avisas cualquier cosa”. Las fuentes judiciales señalan que el abogado en mención podría ser Mario Castillo Freyre, investigado por los supuestos arbitrajes fraudulentos de la constructora Odebrecht.
Una situación que deja en evidencia una vez más, que hay un enorme poder protegiendo al juez Varillas. Un poder que llega a las más altas instancias judiciales del país y que le permite seguir emitiendo medidas cautelares sin sustento lógico ni procesal, en otras ocasiones, sin contracautela real.
En momentos en que la JNJ, presidida por la consejera María Teresa Cabrera, dice pilotar una cruzada contra la corrupción judicial y el uso abusivo del derecho, la forma en que es tratado el referido magistrado resulta incomprensible. Las fuentes judiciales hablan de más de un consejero interesado en que Varillas permanezca en el cargo.
La ratificación es un proceso individual al que se someten todos los jueces y fiscales del país cada siete años, para decidir si reúnen las condiciones de confianza e idoneidad para ratificar su nombramiento. El informe debería listar todos sus méritos y deméritos pues a partir de esos datos, la JNJ decide de manera fundada si un magistrado cumple los requisitos de idoneidad, preparación académica y desempeño para continuar administrando justicia.
Eso no pasa con Varillas. El informe lo muestra casi como un magistrado ejemplar: 23,8 puntos sobre 20 en calidad de decisiones; 19,2 puntos sobre 20 en gestión de procesos; 24,9 puntos sobre 30 en celeridad y rendimiento; y 8,3 sobre 10 en organización del trabajo. Una calificación que no guarda relación con lo que muchos litigantes piensan de él.
Juan Varillas, el juez de las cautelares exprés
En lo negativo solo se menciona que durante estos años solo realizó una de un ideal de cinco publicaciones sobre temas jurídicos y que no ha realizado ningún curso de formación profesional.
En el rubro conducta se indica que registra denuncias y medidas disciplinarias en trámite ante la ANC-PJ y la JNJ, y que está dentro del plazo para absolver los cuestionamientos recibidos, sin mayores precisiones.
Nada más, para un magistrado cuyas decisiones, revocadas en muchos casos, han generado alarma social y provocado su suspensión en el cargo, hasta en cuatro ocasiones por un periodo de hasta 28 meses.
Suspensión y destitución
Por información pública se conoce que el 17 de octubre de 2024, la Unidad de Sanción y Apelación solicitó al jefe de la ANC-PJ, Roberto Palacios, que proponga a la JNJ su destitución inmediata.
Previamente, el magistrado contralor David Correa Castro, el 7 de marzo de 2024, le impuso seis meses de suspensión. Esa medida se amplió por otros seis meses, hasta marzo de 2025, con lo cual totalizó un año de suspensión en relación con las medidas cautelares que de manera célere dictó en los casos Gol Perú, la disputa por el hotel Meliá, el peaje del puente Chillón y sus vínculos con Hinostroza.
Unos años antes, de marzo de 2016 hasta mayo de 2017 permaneció suspendido por 14 meses en una investigación de la entonces Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Dicha suspensión respondió a una denuncia de la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna por otorgar una medida cautelar al Consorcio Salud Tacna que impidió al Estado cobrar las cartas fianzas por los retrasos en la construcción de un hospital. Un caso vinculado a la red Orellana.
Sin embargo, estos antecedentes disciplinarios y penales no aparecen listados en el susodicho informe de la JNJ que definirá su permanencia en la magistratura. Por menos, otros jueces han caído y quedaron fuera del Poder Judicial.
Actualmente, Varillas se encuentra nuevamente suspendido en el ejercicio de sus funciones: desde el 25 de agosto del 2024 por la medida cautelar que impedía la venta del Grupo El Comercio, por redactar sus resoluciones fuera del despacho judicial, en equipos de cómputo no oficiales y trasladarlas en un USB.
A fines de octubre último, lo volvieron a suspender, por otros seis meses, por una medida cautelar que no respetó el debido proceso. Estas sanciones de suspensión y pedidos de destitución que se pretenden ocultar o silenciar para no calificarlo le hacen mucho daño a la credibilidad del sistema judicial y a sus órganos de control.
- Poder Judicial
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