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por Agencia EFE
Actualizado el 7 de Nov, 2026 5:45 pmEl magistrado puntualizó que Peña no será trasladado a una cárcel común, tras argumentar que, como expresidente, "maneja demasiada información sensible" en asuntos como el crimen organizado.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó este sábado que el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, permanezca bajo prisión preventiva, después de que la Fiscalía lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre de Ueno Bank.
"Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento", dijo a periodistas el juez Otazú, tras una audiencia de imposición de medidas. Además, indicó que el exmandatario seguirá recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.
Sergio Peña fue destituido ayer viernes por el Senado en un juicio político por "mal desempeño de funciones". En su lugar asumió como presidente de Paraguay el señor Pedro Alliana, quien completará el resto del mandato.
La Fiscalía indicó que el expresidente Peña "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en Ueno Bank.
Por este caso, además del expresidente, también se ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de dicho banco.
La caída de Ueno Bank
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.
A ello se sumó la preocupación de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.
Incluso, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares "del pueblo paraguayo" tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como "el desfalcador más grande de la historia" del país.
Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó ayer jueves.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".
Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad. Con la destitución, Peña ya no será senador vitalicio.
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