El Ministerio de Educación (Minedu) informó que 432 expedientes de docentes investigados por presuntos hechos de violencia sexual permanecen pendientes de una resolución definitiva. Asimismo, recordó que los profesores sujetos a una medida de separación preventiva vigente no pueden ingresar a las aulas ni mantener contacto con los estudiantes.
Andrés Izaguirre, director general de Desarrollo Docente del Minedu, explicó que esta disposición busca garantizar la protección de los escolares mientras se desarrollan las investigaciones administrativas o judiciales correspondientes.
El funcionario precisó que la separación preventiva es una medida provisional y no constituye una sanción definitiva. Durante su vigencia, los docentes involucrados deben mantenerse alejados de los estudiantes y cumplir funciones administrativas.
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Minedu registra 3.347 destituciones por hechos contra la libertad sexual
De acuerdo con información del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX), entre 2014 y el 14 de setiembre de 2026 se registraron 3.347 procedimientos concluidos con destitución por hechos contra la libertad sexual.
Izaguirre aclaró que esta cifra corresponde a casos en los que ya se impuso una sanción administrativa y no debe confundirse con los 432 expedientes de docentes investigados que todavía esperan una decisión definitiva.
Respecto de estos últimos, señaló que 143 cuentan con un procedimiento administrativo disciplinario instaurado y otros nueve han llegado a la etapa de informe final, a la espera de una resolución que determine una sanción o absolución, según las pruebas disponibles.
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Más de 300 expedientes continúan en etapa de ingreso
El representante del Minedu también indicó que más de 300 expedientes permanecen en la etapa de ingreso, situación que refleja las dificultades para avanzar en la evaluación de denuncias acumuladas durante varios años.
Ante este escenario, el sector informó que ha destinado financiamiento a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) para contratar especialistas que contribuyan a acelerar la revisión y tramitación de los casos pendientes.
Las investigaciones administrativas contra docentes comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial están a cargo de las comisiones de procesos disciplinarios de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las DRE, responsables de evaluar los expedientes y emitir las resoluciones correspondientes.
Minedu supervisa avance de investigaciones contra docentes denunciados
Izaguirre sostuvo que el Ministerio de Educación, como ente rector, establece las disposiciones normativas y realiza seguimiento al desarrollo de los procedimientos administrativos.
“Como ente rector, desde el Ministerio de Educación establecemos el marco normativo, y estamos, en este gobierno, brindando con urgencia la asistencia técnica y el seguimiento al avance de los procedimientos”, explicó a la agencia Andina.
El funcionario agregó que, cuando se identifican expedientes que permanecen demasiado tiempo en una misma etapa, el ministerio solicita explicaciones a las instancias responsables y requiere mayor celeridad.
Asimismo, señaló que los retrasos corresponden a expedientes acumulados durante gestiones anteriores y que su resolución requiere la coordinación de las autoridades educativas.
¿Qué establece la ley sobre la separación de docentes denunciados?
El artículo 44 de la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece medidas de separación preventiva para docentes que afrontan determinadas denuncias administrativas o judiciales, incluidas aquellas vinculadas con presuntos delitos contra la libertad sexual y hostigamiento sexual en agravio de estudiantes.
La disposición establece que el director de la institución educativa debe separar preventivamente al docente cuando corresponda y comunicar la medida a la UGEL. Su vigencia se extiende hasta la conclusión del procedimiento administrativo o judicial respectivo.
Desde 2024, el Minedu cuenta con el Módulo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (Módulo PAD), una herramienta que permite identificar a profesores sujetos a separación preventiva y generar alertas sobre su situación administrativa.
Este mecanismo busca evitar que docentes legalmente impedidos de desarrollar actividades educativas mantengan contacto con escolares mientras continúen vigentes las medidas de protección.
Directores deben actuar en las primeras 24 horas ante denuncias
Andrés Izaguirre recordó que los directores de las instituciones educativas deben actuar inmediatamente cuando reciben una denuncia de violencia sexual contra estudiantes.
Según explicó, corresponde activar los protocolos de protección, disponer la separación preventiva dentro de las primeras 24 horas en los casos previstos por la normativa y comunicar los hechos a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público.
También deben informar a las instancias educativas competentes y garantizar la atención, protección y acompañamiento de los estudiantes afectados.
El funcionario advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidades administrativas y penales, según corresponda.
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