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Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Jacqueline Tapullima, diputada de Juntos por el Perú, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que una pericia grafotécnica de la Policía Nacional del Perú (PNP) concluyera que la firma consignada en su declaración jurada de postulación no le pertenece. El examen identificó nueve diferencias entre la rúbrica del documento electoral y las firmas auténticas de la parlamentaria.

El resultado se suma a un análisis dactiloscópico previo que también descartó que la huella digital registrada en el mismo expediente correspondiera a Tapullima. Ambos hallazgos forman parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en su inscripción como candidata. A estos cuestionamientos se añade la presencia de una abogada externa que habría realizado labores dentro de su despacho parlamentario sin figurar en la planilla del Congreso.

Pericia de la PNP concluye que firma de diputada Jacqueline Tapullima no le pertenece

Según el reportaje, el examen grafotécnico realizado por la Policía determinó que la firma atribuida a Jacqueline Tapullima en su declaración jurada de postulación presenta nueve diferencias respecto de sus rúbricas auténticas. Los especialistas identificaron discrepancias en la estructura de los trazos, las curvas y los bordes, por lo que concluyeron que el documento contiene una firma falsa.

Este resultado se suma a la pericia dactiloscópica que descartó que la huella digital consignada en el expediente electoral perteneciera a la diputada. El caso motivó una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades en los documentos que respaldaron su candidatura por Juntos por el Perú. La parlamentaria representa a la región San Martín y ejerce funciones para el periodo 2026-2031.

Consultada por la prensa en las instalaciones del Congreso, Tapullima evitó responder sobre los resultados de los análisis y señaló que esperaría el avance de las investigaciones. Los nuevos hallazgos podrían incorporarse a las diligencias fiscales que buscan esclarecer la autenticidad de los documentos presentados durante su postulación.

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Una pericia policial determinó que la firma de la diputada Jacqueline Tapullima en su declaración jurada no le pertenece. Además, testimonios y chats señalan que una mujer habría realizado labores en su despacho sin figurar como trabajadora del Congreso.

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— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 2, 2026

Karolyn Bracamonte habría realizado labores parlamentarias sin vínculo formal con el Congreso

Otro cuestionamiento está relacionado con la presencia de Karolyn Bracamonte Valle en el despacho de Jacqueline Tapullima, ubicado en el sexto piso de la sede parlamentaria. Según los registros de ingreso citados en el reportaje de Cuarto Poder, la abogada acudió 27 veces a esa oficina entre agosto y octubre. En total, permaneció 105 horas y 41 minutos en las instalaciones.

La exasesora del despacho, María Pinedo, afirmó que Bracamonte redactaba oficios y coordinaba documentos parlamentarios, pese a que no aparecía en el cuadro de personal del Congreso. Además, mensajes de WhatsApp incluidos en la investigación periodística mostrarían que participaba en la elaboración de proyectos legislativos y coordinaba tareas con integrantes del equipo de la diputada.

En uno de esos mensajes, Bracamonte habría descrito el trabajo realizado en la oficina como una labor "de todos para la diputada". El reportaje también expuso imágenes del técnico Luis Cachique mientras dormía durante la jornada laboral, en contraste con las actividades que habría asumido la abogada externa.

¿Qué delitos podrían investigarse por las presuntas irregularidades en el despacho de Tapullima?

El abogado penalista Percy Sota, consultado por Cuarto Poder, señaló que la realización de funciones propias de un despacho estatal sin un nombramiento formal podría configurar el delito de usurpación de funciones públicas. Asimismo, consideró que la diputada podría afrontar una investigación por presunto abuso de autoridad si permitió que una persona ajena al personal contratado ejerciera esas labores dentro de su oficina.

Por su parte, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi advirtió en el programa sobre una posible afectación a la fe pública, debido a que una persona que habría cumplido tareas permanentes de asesoría ingresaba al Congreso como visitante. Los especialistas también recordaron que el Reglamento del Parlamento prohíbe el trabajo ad honorem en los despachos parlamentarios.

Ante las consultas periodísticas, Tapullima tampoco respondió sobre la presencia de Bracamonte en su oficina. La abogada, en cambio, sostuvo por escrito que sus visitas al Congreso respondieron a sugerencias profesionales realizadas a título personal. Las posibles responsabilidades penales y administrativas deberán determinarse en las investigaciones correspondientes.

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