La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el 15 de octubre, en Roma, el informe White/Te Oranga Paper, que identifica siete factores estructurales relacionados con la pobreza de los pueblos indígenas. Según el documento, estas poblaciones representan cerca del 6 % de los habitantes del mundo, pero concentran aproximadamente el 19 % de las personas en situación de pobreza extrema.

La investigación fue elaborada por especialistas indígenas y no indígenas del Global-Hub sobre los Sistemas Alimentarios y de Conocimiento de los Pueblos Indígenas. El análisis señala que diversas políticas destinadas a reducir la pobreza han tenido resultados limitados porque no consideran suficientemente las condiciones históricas, los derechos colectivos y las propias concepciones de bienestar de estas poblaciones.

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Informe identifica siete causas estructurales

El estudio identifica siete factores relacionados con la pobreza indígena. Entre ellos figuran la invisibilidad forzada, la exclusión estadística y el despojo de tierras y territorios. Además, señala la negación de derechos colectivos y de las formas tradicionales de gobernanza. Asimismo, incluye la marginación de los sistemas alimentarios y de conocimiento. Finalmente, menciona las injusticias ecológicas, las vinculadas a la transición energética y la injusticia judicial.

Asimismo, el documento incorpora el concepto de «cristalización», utilizado para describir la permanencia de prácticas discriminatorias en instituciones y normas de los Estados modernos. También advierte que determinados proyectos de conservación ambiental y transición energética pueden afectar los derechos territoriales de los pueblos indígenas cuando se ejecutan sin su consentimiento.

Entre sus recomendaciones, el informe propone mejorar los registros censales, garantizar los derechos sobre tierras y territorios, y asegurar el consentimiento libre, previo e informado antes de ejecutar proyectos que afecten a las comunidades. (Foto: Difusión)

Perú figura entre los casos analizados

Uno de los problemas identificados es la falta de información estadística sobre estas poblaciones. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2020, alrededor de 476 millones de personas indígenas viven en más de 90 países. Sin embargo, esta estimación se elaboró con datos de solo 58 países, lo que limita el conocimiento sobre su población total.

En Perú, el informe señala que la incorporación de la autoidentificación en los censos permitió registrar a más personas indígenas. Entre 1993 y 2025, la cifra aumentó un 2.826 %. Este caso muestra cómo los criterios de identificación influyen en los resultados estadísticos.

Por su parte, Carol Zavaleta-Cortijo, investigadora quechua de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y coautora del informe, destacó el enfoque del documento. «Te Oranga es importante porque no habla del dinero como la salida de la pobreza. Habla de derechos», afirmó.

FAO plantea cambios en las políticas públicas

Entre sus recomendaciones, el informe propone mejorar los registros censales, garantizar los derechos sobre tierras y territorios, y asegurar el consentimiento libre, previo e informado antes de ejecutar proyectos que afecten a las comunidades. Además, plantea incorporar las prioridades de los pueblos indígenas en la planificación estatal, la administración de recursos y los servicios públicos.

El documento también presenta experiencias de distintos países. Entre ellas figuran una sentencia de 2012 sobre bosques consuetudinarios en Indonesia, la incorporación de planes de vida indígenas en la planificación pública de Bolivia y la formalización de ocho Entidades Territoriales Indígenas en Colombia durante diciembre de 2025. Asimismo, menciona políticas de salud intercultural en Paraguay y más de 2000 proyectos de energía limpia liderados o compartidos por pueblos indígenas en Canadá.

Finalmente, el estudio señala que más del 80 % de los pueblos indígenas reside en países de ingreso medio. A partir de este dato, plantea que la reducción de la pobreza requiere medidas orientadas al cumplimiento de sus derechos y a su participación en las decisiones públicas. La publicación se produce antes del vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, previsto para 2027.

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