Cuatro días permanecerá la presidenta Keiko Fujimori en El Salvador, contabilizados desde este miércoles 28, para conocer “las experiencias exitosas” de dicho país frente al crimen.

La dignataria, que espera reunirse con su homólogo Nayik Bukele, observará el modelo denominado “Plan Bukele” para evaluar “su posible adaptación a la realidad del Perú”.

La estrategia salvadoreña ha tenido resultados destacables e impulsado expectativas en diversos países de la región, pero, a la vez, acumula severas críticas y fue aplicado en un escenario diametralmente opuesto a lo que acontece en territorio peruano.

Primeros pasos

Bukele inició la primera parte de su estrategia 19 días después de jurar en el cargo el 1 de junio del 2019.

El Plan Control Territorial (PCT) incluyó distintas fases. Estas fueron: Preparación, para controlar los territorios y reprimir el delito; Oportunidades, para atraer a los jóvenes y prevenir su integración a pandillas; Modernización, equipar a las fuerzas de seguridad; e Incursión, ahondar en los operativos en comunidades y capturar a los integrantes de pandillas.

Asimismo, en las etapas Extracción e Integración se buscó establecer cercos de seguridad para “extraer” a los delincuentes, y facilitar oportunidades laborales a la ciudadanía junto a servicios sociales, respectivamente.

El programa fue posible luego que el mandatario aplicara el artículo 168 de la Constitución: el presidente tiene la facultad excepcional para disponer de las Fuerzas Armadas, en aras de la seguridad pública, la paz interna y la tranquilidad, en apoyo de la Policía. Tiempo después, el mandatario inició una serie de confrontaciones con el Poder Legislativo de su país en búsqueda de la aprobación de reformas que sean funcionales al plan.

Cambio de juego

Los cambios sustanciales en las normas de El Salvador, impulsadas y buscadas por Bukele, fueron únicamente posibles gracias a la recomposición del Legislativo, en el que no tenía la mayoría.

En febrero del 2020, el dignatario ingresó secundado por una escolta de militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Allí, exhortó a los diputados a aprobar sus solicitudes de reformas o a presenciar la disolución de la institución. La respuesta fue negativa, pero un año después, el partido oficialista consiguió la elección de 56 de 84 diputados ((67%) tras nuevos comicios.

Con ello, en una primera sesión del Congreso y sin seguir la normativa vigente, el jefe de Estado consiguió reemplazar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de la República. Sin contrapesos, un nuevo paquete de reformas bajo la figura de un “Régimen de excepción”, fue aprobado con posterioridad.

A diferencia de El Salvador, el Perú posee un Congreso con dos cámaras. Las iniciativas son evaluadas por los diputados y luego enviadas a los senadores. En la primera cámara, el oficialismo reúne 56 diputados, 41 del partido del gobierno Fuerza Popular (FP) y otros 15 de su aliado Renovación Popular (RP). Al frente están los 74 de la oposición: 32 de Juntos por el Perú (JP), 18 del Partido del Buen Gobierno (PBG) 14 de Obras y 10 de Ahora Nación (AN).

En el Senado, mientras tanto, el gobierno reúne 30 senadores, 22 de FP y 8 de RP, frente al mismo número que tiene el grupo no oficialista: 14 de JP, 7 del PBG, 5 de Obras y 5 de AN. Las reformas legales para afrontar el crimen tendrían un obstáculo infranqueable si comparamos este escenario con el del Bukele.

“Plan Bukele”

En 2022, tras 87 homicidios registrados en tres días consecutivos 24, 25 y 26 de marzo –debido al aparente “cese” de un pacto entre las pandillas y el gobierno–, Bukele pidió la aprobación de un régimen de excepción a la Asamblea Legislativa.

Los primeros derechos en suspenderse fueron el de la libertad de reunión y asociación, a la información de los motivos para la privación de la libertad, a tener un abogado defensor y a las garantías de un debido proceso.

También se autorizaron las detenciones sin una orden judicial o sin que se haya cometido un delito en flagrancia y la ampliación de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa.

Junto a ello, también se dejó sin efecto la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de comunicaciones sin una orden judicial. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta la fecha, las medidas se han ampliado 56 veces.

En abril del mismo 2022, se implementaron nuevas medidas, entre ellas, el endurecimiento de penas y la reforma de la Ley Penal Juvenil (ver infografía).

En ese contexto, los cambios en las instituciones de justicia, la resolución de la nueva Sala de lo Constitucional que permitió su reelección presencial, denuncias de hostigamiento a periodistas, entre otros, le valieron señalamientos. The Economist reportó en el 2023 que el país había cobrado un giro autoritario.

No obstante, las cifras positivas también generan repercusión. Tras la llegada de Bukele, en 2019, hubo una reducción en las tasas de homicidio. “De 51 homicidios por cada cien mil habitantes en 2018, (se pasó) a ocho homicidios por cada cien mil habitantes en 2022. Una disminución del 84 % en cuatro años”, según estimó el Instituto Videnza.

Se alertó, sin embargo, que parte de esa reducción estuvo vinculada a una presunta tregua entre el gobierno y las pandillas del 2019 al 2022, es decir, en la primera parte de la estrategia.

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos también proliferaron. “La suma de desaparecidos en 2022 y 2023 ascendió a 360, y una investigación periodística relató cómo una persona muere cada cuatro días en las cárceles”, recogió la institución antes citada.

A inicios de este año, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, informó que el país llevaba 1102 días sin homicidios al cierre del 2025. Además, indicó que la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes es de 1.3.

Escenarios

Las realidades delictivas de ambos países es quizá el factor más diferenciador. En El Salvador, las pandillas cobraron notoriedad hace treinta años, en promedio, con la extorsión a negocios locales como medio de financiamiento y el asesinato a miembros de pandillas rivales como principales actos.

Los más peligrosos fueron identificados como “La Mara Salvatrucha” y el “Barrio 18”. Solo en 2022, la Policía Nacional de El Salvador tenía identificados a 118 000 integrantes de estas bandas. Estas se instalaron en localidades vulnerables y de bajos recursos, en donde les era más fácil captar a adolescentes.

Esta concentración en puntos específicos, junto al uso de señas diferenciadoras, como tatuajes, uso de vestimentas en particular o grafitis, ayudaron a las autoridades a identificarlos y ubicarlos.

En nuestro país, mientras tanto, el crimen organizado es más disperso, con el narcotráfico y la minería ilegal como principales vertientes. Además, las organizaciones pueden ser nacionales o transnacionales y operan en áreas urbanas y rurales.

La geografía peruana –con una distribución de costa (12%), sierra (29%) y selva (61%), según el Ministerio de Agricultura– les resulta propicio para resguardarse de la vigilancia policial y rearmarse.

En ese sentido, no solo la diversa población delincuencial está distribuida a lo largo del Perú –considerando que el país está más habitado que El Salvador– sino que tampoco hay una concentración de un grupo en particular, rápidamente identificable, sobre el cual actuar.

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