El ahora exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, afirmó que su decisión responde a principios institucionales indispensables para el ejercicio de la función pública.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, en la que argumenta razones vinculadas a sus "convicciones profesionales" y a la necesidad de preservar los intereses del Estado en asuntos de relevancia internacional.
En el documento, Reyes señala que su decisión responde a principios institucionales que considera indispensables para el ejercicio de la función pública, especialmente en contextos relacionados con relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones estratégicas para el país.
"Considero que la conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado", señala en la carta.
Alusión a temas de integridad y transparencia
Uno de los aspectos más relevantes del documento es la referencia a eventuales acuerdos internacionales que podrían involucrar aspectos relacionados con integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción.
El ahora exministro sostiene que cualquier decisión sobre estas materias debe considerar la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública que el Perú está llamado a fortalecer ante la comunidad internacional.
Asimismo, afirma que, en coherencia con su posición técnica respecto a estos temas, ha optado por "dar un paso al costado" para salvaguardar los intereses del Estado.
Interpelación
El exministro Reyes debía asistir el jueves 4 de junio al Congreso para ser interpelado por el pleno. El pedido era para que explique las razones por las cuales el Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil, suscrito en 2016 y aprobado por el Senado brasileño en 2017, continúa sin entrar en vigencia en el Perú.
La moción, impulsada por congresistas de las bancadas Somos Perú (SP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Democrático Popular (BDP) y otros grupos parlamentarios, plantea un pliego interpelatorio de 20 preguntas orientadas a esclarecer la posición oficial del Poder Ejecutivo respecto del acuerdo y los motivos de la prolongada demora en su ratificación.
Entre los principales temas que deberá responder el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo figuran los beneficios potenciales del tratado para las exportaciones peruanas, la integración económica bilateral y el impacto que tendría en diversas regiones del país con posibilidades de ampliar su relación comercial con Brasil.
Asimismo, el Congreso busca determinar si el acuerdo podría implicar riesgos para el Estado peruano en materias vinculadas a inversiones, arbitrajes internacionales, contratación pública o eventuales beneficios a empresas relacionadas con actos ilícitos.
Comentarios 0