El Fondo Monetario Internacional advierte que la minería ilegal en Perú ya no solo afecta al oro, sino que se expande rápidamente hacia el cobre, en medio del auge de precios de este metal. Esta situación pone en riesgo inversiones mineras, el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país.
La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la economía peruana y podría afectar las perspectivas de crecimiento del país en los próximos años. Así lo advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que hasta el 5% de las exportaciones de cobre del Perú en 2024 habría provenido de actividades ilegales.
En su más reciente evaluación sobre la economía peruana, el organismo señaló que el auge de los precios internacionales de los metales ha incentivado el crecimiento de la minería ilegal, fenómeno que históricamente estuvo concentrado en el oro, pero que ahora avanza con fuerza sobre la producción de cobre.
"Preocupa la reciente expansión de la producción ilegal de cobre, que podría representar hasta el 5% de las exportaciones de cobre en 2024", señala el informe elaborado por el equipo técnico del FMI.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), las exportaciones de cobre del Perú superaron los US$ 23.000 millones en 2024. Bajo la estimación del FMI, hasta más de US$ 1.150 millones de esos envíos estarían vinculados a producción de origen ilegal.
El organismo internacional sostiene que la minería ilegal está considerada entre los principales riesgos que podrían limitar el crecimiento potencial de la economía peruana a mediano plazo. Y advierte que, si bien los altos precios de los minerales han favorecido las inversiones y la economía, la expansión de esta actividad ilícita genera incertidumbre y desalienta nuevos proyectos mineros.
Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre. Actualmente, cuenta con una cartera de proyectos mineros valorizada en aproximadamente US$ 64.000 millones, cuyo desarrollo podría incrementar el crecimiento potencial del país entre 0,5 y 1 punto porcentual.
Minería ilegal gana terreno
Según el análisis del organismo internacional, la minería ilegal se ha acelerado después de la pandemia y registró un fuerte crecimiento en 2024.
Entre 2018 y 2024, la probabilidad promedio de presencia de minería ilegal en los distritos del país aumentó 7,8 puntos porcentuales, y más de la mitad de ese incremento se produjo solo entre 2023 y 2024.
El fenómeno se ha expandido principalmente en la Amazonía y en la zona andina, donde se concentran explotaciones de oro y cobre. Además, el FMI advierte que la minería ilegal invade cada vez más áreas donde operan empresas formales.
De hecho, más del 80% de los distritos con producción minera legal registran una probabilidad superior al 50% de presencia de actividades ilegales.
Entre 2020 y 2024, el valor de los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS alcanzó en promedio el equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) cada año.
Según el organismo, las organizaciones criminales utilizan empresas legales, comercializadoras y plantas de procesamiento autorizadas para introducir minerales de origen ilegal en los circuitos formales de la economía y blanquear ganancias ilícitas.
En el reporte situacional del país, el FMI detalla que las propias autoridades peruanas reconocieron que la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad ilícita del Perú y representa actualmente el mayor riesgo para el lavado de dinero y los flujos financieros ilegales.
Por ello, el organismo concluye que combatir la minería ilegal debe ser una prioridad urgente, debido a que su expansión amenaza no solo a la minería formal, sino también al crecimiento económico, la generación de empleo formal, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional del país.
Reinfo bajo observación
El FMI también cuestionó los resultados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo creado en 2016 para facilitar la formalización de pequeños mineros.
De acuerdo con el informe, las sucesivas ampliaciones de los plazos de formalización, sumadas a una débil supervisión estatal, han generado una "zona gris" que permite a operadores ilegales escudarse en este registro para continuar desarrollando actividades al margen de la ley.
El organismo considera que cerrar las brechas legales, fortalecer la fiscalización de toda la cadena de suministro minera y reforzar las capacidades del Estado en materia de seguridad, control financiero y lucha contra la corrupción será clave para evitar que la minería ilegal se convierta en un problema estructural para la economía peruana.
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