El MIMP y la Defensoría del Pueblo rechazaron la agresión contra la menor y advirtieron que los castigos físicos, además de estar prohibidos por ley, perpetúan la violencia y vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación inmediata contra un hombre acusado de agredir físicamente a su hija adolescente en el distrito de Huanchaco, Trujillo, presuntamente como castigo por haber asistido a una fiesta sin su autorización. El caso salió a la luz tras la difusión de imágenes en redes sociales que muestran el ataque ocurrido en plena vía pública.
El hecho fue registrado por transeúntes y rápidamente se viralizó, lo que generó un intenso debate entre los usuarios. En las imágenes se observa al hombre golpeando a la menor con una correa luego de que esta asistiera a un evento social, aparentemente sin su consentimiento. Además, se le escucha recriminarle: “Te dije que no salieras”.
A través de un pronunciamiento, la Defensoría rechazó de manera categórica la agresión y exigió la identificación y captura del presunto responsable. Asimismo, solicitó la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para brindar apoyo emocional a la adolescente, al advertir que podría encontrarse en un entorno familiar marcado por la violencia.
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MIMP presentó denuncia y exige sanción para el agresor
Por su parte, el MIMP informó que intervino de oficio mediante el Programa Nacional Warmi Ñan y presentó una denuncia en una comisaría con el fin de impulsar la ubicación de la adolescente y garantizar la atención necesaria para proteger su integridad. Además, exhortó a la Fiscalía a realizar las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y sancionar al agresor.
Tanto la Defensoría como el MIMP recordaron que los castigos físicos contra niñas, niños y adolescentes están prohibidos por ley. Las instituciones rechazaron el uso de la violencia como método de disciplina o corrección y advirtieron que este tipo de prácticas vulneran derechos fundamentales y contribuyen a perpetuar ciclos de maltrato dentro de las familias.
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