El prófugo líder de Perú Libre apeló la decisión judicial que lo mantiene vinculado al pago de una indemnización por colusión agravada, cargo que fue archivado por falta de pruebas. Pese a ello, el exgobernador seguirá procesado por otros delitos en este mismo caso.
A través de su defensa legal, el prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón solicitó al Poder Judicial no ser incluido en el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado por el presunto delito de colusión agravada, en el marco del caso 'Antalsis'.
El pedido busca revocar la decisión emitida el pasado 10 de abril por el juez Leodan Cristóbal Ayala. En dicha resolución, el magistrado archivó la acusación penal por colusión agravada a pedido de la propia Fiscalía, pero dispuso que Cerrón continúe ligado al proceso para responder económicamente por los posibles daños y perjuicios ocasionados al país.
En su recurso de apelación, la defensa de Cerrón sostiene que existe una contradicción lógica en la resolución: afirman que no se puede mantener vigente el pago de una reparación civil por un delito penal que ya ha sido desestimado y archivado. Asimismo, argumentan que no existe un daño material o moral comprobado que se le pueda atribuir directamente a su patrocinado en este extremo del caso.
Ante este reclamo, el juez Cristóbal Ayala admitió a trámite la apelación el último 20 de mayo. El recurso ha sido elevado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que deberá programar una audiencia virtual con las partes involucradas para evaluar el pedido y emitir una decisión definitiva en los próximos días.
Cargos vigentes y el caso 'Antalsis'
Cabe precisar que, si bien se archivó el delito de colusión agravada (debido a que la Fiscalía no halló pruebas directas de un pacto ilícito en este punto específico), Vladimir Cerrón mantiene otras graves acusaciones vigentes dentro del caso 'Antalsis'. El Ministerio Público dispuso que continúe siendo procesado por los delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio.
Según la tesis fiscal, Cerrón habría integrado una organización criminal vinculada a Martín Belaúnde Lossio, la cual habría defraudado al Estado peruano con más de 26 millones de soles durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín (2011-2014).
Las irregularidades se habrían materializado en la ejecución de los puentes Comuneros y Eternidad. Para ello, el gobierno regional firmó convenios con la empresa estatal SIMA, la cual subcontrató a la firma privada Antalsis. Este mecanismo habría servido para eludir las normativas de contrataciones del Estado y favorecer a la red criminal.
Situación legal actual
Vladimir Cerrón permanece en calidad de no habido desde el 6 de octubre de 2023. Pasó a la clandestinidad tras ser condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso 'Aeródromo Wanka', aunque dicho fallo fue posteriormente anulado por la Corte Suprema.
Actualmente, sobre el líder de Perú Libre pesa una orden de prisión preventiva de 24 meses, dictada en el marco de una investigación paralela por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido entre los años 2008 y 2021.
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