Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la UPC, señaló a Gestión que Bolivia utilizó la renta de hidrocarburos y minerales para financiar gasto público, transferencias sociales, subsidios e inversión y apoyó el consumo interno como motor del crecimiento.
"Ese esquema funcionó mientras hubo gas abundante, precios favorables y divisas suficientes. Hoy el modelo muestra agotamiento porque la base que lo financiaba se fue achicando y el Estado siguió gastando como si la bonanza fuera permanente".
El modelo se ha agotado porque dependía de una renta extractiva que ya no alcanza para sostener el nivel de gasto, subsidios e intervención estatal acumulado en la etapa de bonanza. “Cuando esa renta cae, aparecen los síntomas clásicos: escasez de divisas, tensión cambiaria, dificultades para importar combustible e insumos, y deterioro de la confianza en la economía”.
La caída del gas tiene un peso estructural: afecta exportaciones, recaudación, balanza de pagos y capacidad de financiar gasto público al mismo tiempo. “En otras palabras, el gas era el “puente” entre el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y cuando ese puente se debilita, todo el edificio fiscal empieza a temblar".
Tucci resalta, además, que la pérdida de reservas internacionales agrava la crisis porque reduce el margen del Banco Central para defender la liquidez externa y sostener importaciones críticas, sobre todo combustibles. “En 2025 y comienzos de 2026 las reservas no desaparecieron, más bien se reconfiguraron con fuerte peso del oro, mientras las reservas líquidas siguieron siendo estrechas, lo que indica un alivio parcial pero no una solución de fondo”.
Puno y Desaguadero, los más afectados
La crisis que atraviesa Bolivia no es ajena en Perú. Francesco Tucci menciona que en este contexto habrá una caída de ventas en Desaguadero, menor poder de compra de los bolivianos, más presión sobre el comercio informal y mayor sensibilidad a los tipos de cambio y al precio del combustible.
“Esto significa que la frontera deja de ser solo una zona de intercambio y pasa a funcionar como una válvula de escape económica. Cuando Bolivia entra en restricción, el primer termómetro suele ser Desaguadero: allí se ve enseguida si el flujo comercial se enfría, si se encarece mover mercancías y si la crisis del dólar empieza a alterar la vida cotidiana”, mencionó el docente.
En la misma línea, Juan Carlos Ladines, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, dijo a este diario que Desaguadero es una zona de alto comercio y las tensiones pueden generar un impacto en tanto en Bolivia como en Perú.
“Pueden criticar si el comercio es formal, informal, pero es una zona de alto comercio y las tensiones que se generen en el lado boliviano sí pueden generar cierta insatisfacción porque se interrumpe el comercio y no hay incentivos para hacer negocios, incluso hace que los empresarios de pequeños negocios retrocedan”, sostuvo.
Los comerciantes puneños con stocks tendrán que ver qué otras opciones tienen para comercializar - añadió - ya que si bien cuentan con los productos, del otro lado no hay quién les compre.
“Sí creo que puede haber desgaste desde el punto de vista comercial; y la gran pregunta es hasta qué punto van a poder soportar los comerciantes del altiplano si es que esa situación continúa. Se tendrán que buscar rutas comerciales”, dijo.
El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió también que la prolongación del paro general y los bloqueos de carreteras en Bolivia vienen generando una seria afectación sobre el comercio exterior peruano, particularmente en el flujo terrestre de mercancías.
De acuerdo con información de la Sunat, el intercambio comercial acumulado entre el Perú y Bolivia, en el periodo de enero a marzo del presente año ascendió a US$ 407 millones. “Sin embargo, tomando como referencia mayo de 2025 el intercambio comercial ascendió a US$ 138 millones, lo que sería el flujo mensual potencial afectado por retrasos, sobrecostos logísticos, reprogramaciones de entregas y eventuales incumplimientos contractuales”, señala el gremio.
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Por el lado de las exportaciones peruanas, la afectación se concentra principalmente en barras de hierro y acero, productos de limpieza, plásticos, fibras textiles, lubricantes, condimentos y otros bienes manufacturados.
Solo los envíos de las barras de hierro o acero alcanzaron el primer trimestre de este año los US$ 11 millones, lo que representa 8. 48 % del total exportado por el Perú a dicho mercado.
“Esta situación impacta no solo a los exportadores nacionales, sino también a distribuidores, industrias y comercios bolivianos que dependen del abastecimiento peruano”, refirió Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.
En el caso de las importaciones peruanas desde Bolivia, el mayor riesgo se encuentra en la cadena de soya y derivados, que incluye tortas y residuos sólidos de aceite de soya, aceite refinado, harina de soya y aceite en bruto.
Estos productos sumaron aproximadamente US$ 146 millones en el primer trimestre del presente año, lo que representa más del 53% de las compras peruanas desde Bolivia. La interrupción de estos flujos puede generar impactos en cadenas productivas vinculadas a alimentos balanceados, avicultura, porcicultura, aceites e industria alimentaria.Asimismo, las importaciones de minerales, concentrados y desperdicios metálicos también muestran una exposición relevante, con efectos potenciales sobre operaciones industriales y comerciales específicas.
A ello se suman los mayores costos por permanencia de unidades de transporte, custodia, reprogramación de rutas, incremento de fletes, deterioro de carga sensible y presión sobre inventarios.
“El principal riesgo para el comercio exterior peruano no está únicamente en la eventual pérdida de ventas o compras, sino en el encarecimiento y la imprevisibilidad de las operaciones. Una paralización de cuatro semanas ya compromete prácticamente todo el flujo mensual de mercancías entre Perú y Bolivia, afectando tanto a exportadores como a importadores y a cadenas productivas sensibles”, señaló la CCL.
¿Qué opciones políticamente viables tiene Bolivia?
Políticamente, Bolivia necesitaría una salida de dos tiempos, sugiere Tucci: en el corto plazo estabilización inmediata y en el mediano y largo plazo reforma estructural.
En el corto plazo, eso implica acuerdos mínimos para evitar más parálisis, garantizar abastecimiento energético, ordenar el frente externo y recomponer cierta previsibilidad institucional.
En el mediano y largo plazo, el país necesita revisar el esquema de subsidios, atraer inversión en exploración gasífera y diversificar las exportaciones y la matriz económica, porque ya no puede vivir solo de la renta del gas.
La salida mejor sería un pacto político amplio que reduzca las tenciones entre los portados y dentro de los mismos, que abra un espacio a un nuevo consenso económico y permita una transición menos traumática. Sin embargo, la solución es más difícil de encontrar porque Bolivia está en una encrucijada clásica de economías rentistas: o reordena su modelo con unos necesarios costos políticos, o prolonga el ajuste hasta que la crisis la imponga de manera más dura.
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Desde Bolivia
Eduardo Silva, director del periódico La Razón de Bolivia, contó a Gestión que La Paz es la ciudad que más sufre con los bloqueos, pero también hay problemas en otras ciudades como Santa Cruz, un destino importante para la economía y la industria de ese país. “Esto afecta especialmente a la zona agroindustrial, lo que perjudica las exportaciones de soya y otros productos”.
“Miles de camiones están varados en las carreteras, lo que significa pérdidas diarias de más de 720,000 dólares. Un camionero que está varado durante semanas no solo pierde dinero, también pierde contratos, clientes y puede perder su camión si tiene crédito”, comentó.
“Es paradójico que los sectores que lideran los bloqueos tengan más capacidad de resistencia que aquellos que sufren las consecuencias”, agregó.
Consultado sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el periodista indicó que están siendo empujadas a un rol que históricamente les ha costado caro. “Esto muestra que la Policía ya no puede manejar la situación y que el Ejército debe suplir las carencias institucionales. Las Fuerzas Armadas están en una posición complicada: si actúan, pueden ser vistos como represores; si no actúan, el Estado pierde credibilidad”.
El presidente boliviano Rodrigo Paz dijo el miércoles que hizo la última invitación al diálogo a los sectores movilizados. “Se lee entre líneas que luego de eso vendrá el Decreto de Estado de Excepción”.
La inflación anual en Bolivia cerró el 2025 en 20.4%, mientras que la variación acumulada hasta abril de este año llegó a 14.18%. “Hay un aumento en los precios de los alimentos básicos en La Paz y El Alto. Esto se debe a las dificultades para abastecer a la población debido a los bloqueos. Los productos como la carne de pollo, los huevos y la carne de cerdo son los más afectados”, dijo Silva.
El presidente Paz ha señalado que “no es correcto” que no se permita trabajar a su Gobierno, que lleva seis meses en el poder frente a los “245 meses” que tuvieron las Administraciones anteriores, aludiendo a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Desde el Gobierno, la estrategia ha oscilado entre la negociación sectorial y el endurecimiento del discurso. Analistas advierten una estrategia contradictoria: mientras se convoca al diálogo, se criminaliza la protesta y se amenaza con procesos judiciales.
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Paz reducirá sueldos en el Ejecutivo
Rodrigo Paz, anunció a inicios de semana que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país - que exige su salida y que lleva más de 25 días con carreteras bloqueadas-.
Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de 24,978 bolivianos (US$ 3,617) y ningún otro funcionario podía ganar más que el presidente. Con la
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