"Los mecanismos correctivos disponibles, como las observaciones legislativas y acciones de inconstitucionalidad, son condición necesaria, pero insuficiente: su eficacia está subordinada a voluntad política sostenida".
Por Gabriela García Arcia, directora de Asuntos Públicos en APOYO Comunicación
El Mago del Kremlin, filme de Oliver Assayas (2026), retrata el momento en que el poder deja de gestionar la realidad y empieza a fabricarla: el caos como instrumento, la democracia reducida a relato administrado.
Esa disyuntiva no es rusa: es la que Perú enfrenta antes del 7 de junio. Gobernar con instituciones o con narrativas no es una opción retórica; la diferencia tiene un costo real: contracción de la inversión, deterioro en la provisión de servicios públicos, menoscabo institucional y pérdida de confianza que ningún instrumento normativo restituye, con impacto regresivo sobre los más vulnerables.
Según el último reporte del Consejo Fiscal, el próximo gobierno hereda tres ejercicios consecutivos de incumplimiento de reglas fiscales, con el déficit en su nivel más elevado desde su instauración, deuda neta en ascenso y activos del Sector Público No Financiero en mínimo histórico. El pasivo legislativo del populismo congresal, conformado por 63 leyes de costo fiscal permanente equivalente a 3% del PBI anual, proyecta un incremento de deuda de 22 puntos del PBI en una década; solo las normas pendientes en planilla y pensiones suman S/11,800 millones anuales. Los mecanismos correctivos disponibles, como las observaciones legislativas y acciones de inconstitucionalidad, son condición necesaria, pero insuficiente: su eficacia está subordinada a voluntad política sostenida.
Este gasto rígido amplía el aparato estatal sin incrementar su efectividad resolutiva. Sin penalización efectiva por incumplimiento, la corrección recae en el Tribunal Constitucional, cuya composición, de designación congresal, compromete la imparcialidad del control. Sin rectificación de rumbo, la pérdida del grado de inversión en un quinquenio es un riesgo creíble. Colombia lo ilustra: ignoró advertencias sobre rigidez presupuestal superior al 90% desde 2018; en 2021, S&P y Fitch rebajaron su calificación soberana a BB+, las tasas largas escalaron al 12% y recuperar el investment grade tomará, según los expertos, al menos una década. Perú aún tiene margen, pero se está agotando.
Cualquier reforma fiscal requerirá mayorías en ambas cámaras. Ninguna bancada las tiene por sí sola: la construcción de consensos será condición de gobernabilidad, no atributo opcional.
El Ejecutivo que asuma lo hará debilitado: la permanencia promedio de los ministros de Economía en el último quinquenio fue de 4.9 meses, frente a 14.5 entre 2001 y 2020. No es solo rotación: es erosión de la tecnocracia que blindaba el interés público.
La pregunta fundamental es si habrá voluntad de hacer lo que la aritmética fiscal exige. La inacción tiene costos predecibles: déficit estructural, deterioro crediticio y mayor presión tributaria regresiva sobre el sector formal. La acción implica revertir transferencias internalizadas como derechos adquiridos, con costos distributivos y políticos no triviales. La disyuntiva es inevitable; la calidad de la decisión, determinante.
El empresariado tiene interés directo y necesita seguridad jurídica para invertir. Este sector tiene una responsabilidad concreta: articular una agenda fiscal mínima y no negociable, y monitorear su cumplimiento. La película ya empezó. La pregunta es si alguien la está viendo con la seriedad que merece.
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