En una edición más de “Diálogos”, un espacio de conversación a cargo de Gestión, los voceros del sector aseguraron que la rentabilidad no se calcula únicamente con números: se construye con seguridad jurídica.
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Segunda vuelta, un terreno de cuidado
Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), recordó que el monto de la inversión privada en el país ya superó los US$ 50,000 millones y el deseo es que, para este y el próximo año, se acerque a los US$ 60,000 millones.
“Son montos históricos para el Perú y vale la pena enfatizar que, a pesar de la volatilidad política, todavía tenemos una inversión súper dinámica que, incluso, pudo haber sido mucho mayor”, sostuvo.
En esa línea, compartió una proyección: “Si bien celebramos este 10% [del 2025], pudo haber estado cerca de 15% o 20% de expansión, que fue lo que vimos en el boom de hace 15 años”.
Adelantó que el primer trimestre de este año registra una buena “velocidad”, pero para mantenerla habría que tomar algunas medidas; por ejemplo, mayor predictibilidad tributaria y en la relación entre los pequeños comercios y la municipalidad.
Sumó, no obstante, una precisión: es indispensable que los siguientes poderes Ejecutivo y Legislativo ofrezcan cierto nivel de garantía para que, por lo menos en los próximos cinco años, no desplieguen cambios sustanciales que perjudiquen la inversión hecha.
Elmer Cuba, socio de Macroconsult, compartió la premisa y refirió que cualquier capital es extremadamente sensible a las promesas: “Si se estima que un Gobierno cambie las reglas de juego, básicamente te retraes a ver qué pasa, la incertidumbre es enemiga de la inversión, porque hace más difícil prever tus utilidades. A mayor incertidumbre, mayor retracción”.
Por su parte, Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), calificó como “inevitable” que ante una segunda vuelta surja una cautela masiva, pero puntualizó que quienes se ubican en el terreno más “pesimista” son aquellos que aún “no apuestan”.
“Las inversiones no se pueden frenar. Una vez que yo invertí, esa inversión ya está hecha. Lo que puede ocurrir es que esos proyectos que están en proceso de implementación tengan un compás de espera de un trimestre o un semestre en función de cómo se vayan dando los resultados que estamos esperando”, expresó.
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El extremo del escenario
Los representantes evaluaron los factores que sí pondrían “en jaque” el clima de inversión.
“La última línea roja es hablar de Asamblea Constituyente. Es el peor escenario posible, es el extremo de la incertidumbre, porque ahí se estaría cambiando la matriz de todas las reglas de juego institucionales que tenemos en el Perú, no solamente en lo económico, sino en nuestro arreglo social y político”, manifestó Macera.
Sícoli se concentró en cómo se transformaría la competitividad internacional y regional si alguno de los distintos ámbitos de Gobierno vuelve más compleja la inversión. “Se va a fomentar que el empresario empiece a mirar otros mercados. Hay una movilidad de capitales: cuando yo quiero invertir, voy a empezar a ver cuáles son las condiciones de los países vecinos y ahí es donde se puede empezar a perder terreno en el tema de crecimiento de la inversión de dos dígitos”.
Incluso mencionó que aquella traba alejaría cada vez más al país del anhelo de alcanzar un crecimiento económico superior a los 5, 6 o 7% anuales.
A su turno, Cuba concordó con la idea y enumeró otros elementos que le restan confiabilidad al Perú: dos periodos presidenciales con ocho jefes de Estado, decenas de ministros y los juicios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
“Puede que los estudios en las casas de inversión de los conglomerados digan que el riesgo de invertir en este país ha aumentado y, por rentabilidad relativa, sea mejor [mirar] a otro país más estable. [...] Eso en Perú es especialmente grave, porque es una economía subcapitalizada, el stock de capital es bajo en relación con la población, en relación con el PBI, y todavía viene debajo del promedio de la región en términos del PBI per cápita. Entonces, la inversión privada es imperativa para dar empleo”, señaló.
Así, el análisis del economista es contundente: detener la inversión privada es condenar al país a salarios más bajos. Dado que la población y la fuerza laboral continúan creciendo, es clave inyectar capital al mismo ritmo.
“Hay que establecer lazos de confianza nuevamente con las autoridades. Si alguien promete cambiar la regla del juego, poner impuestos, cambiar la regulación, estatizar, romper contratos, va a significar veneno para la inversión”, recalcó.
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