El economista, quien además es asesor de la bancada fujimorista, comentó que en sus planes está efectuar una reforma tributaria, eliminando algunos regímenes empresariales y cambiando el esquema para la personas naturales. Subrayó que irán al Tribunal Constitucional (TC) por leyes perjudiciales a las finanzas públicas, sin importar la “camiseta”.
¿Qué les parece las finanzas públicas que heredará este gobierno?
Vemos un deterioro de las cuentas fiscales. Tenemos que regresar a lo que se hizo en la década del 90. Priorizaremos la estabilidad macroeconómica, retornando a un déficit fiscal del 1% al 2031. Se priorizará los gastos de inversión y también asegurando la independencia del Banco Central de Reserva (BCR). La estabilidad macroeconómica para nosotros no es negociable.
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Y sobre el dinamismo del gasto público, del corriente, ¿qué análisis tienen, considerando también que su partido hoy es parte del Congreso acusado del deterioro?
El deterioro se ha dado por una excesiva contratación en gasto corriente del Estado. En lugar de destinar los recursos hacia ese lado, apuntaremos a la inversión. Nuestra propuesta es una reforma de segunda generación. La de primera generación fueron la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial. Ahora, vamos por el incremento de la productividad y la competitividad del país. El objetivo es simplificar todos los trámites que existen en el Estado para poder promover la inversión privada.
Puntualmente, ¿qué se haría?
No vamos a aceptar la observación de la observación, que los estudios de impacto ambiental no tengan plazo indefinido de evaluación.
¿Silencio administrativo positivo?
Sí. En todas las áreas donde corresponda darse.
Desde hace años escuchamos el anhelo de lograr, por ejemplo, la ventanilla única digital minera. ¿Cómo sí lo materializarían?
Planteamos utilizar mucho la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo. La ventanilla requiere de la participación de varias entidades públicas y en una sola plataforma todas podrán emitir sus opiniones.
Como segundo elemento, daremos plazos que sean vinculantes para que el funcionario pueda responder en un determinado periodo. Asimismo, generaremos [ajustes] para que se opine de manera más objetiva, evitando la discrecionalidad.
Todo esto se enmarca en una continuación del shock desregulatorio. ¿Cómo optimizar su avance?
Pediríamos facultades al Congreso para que actuar rápidamente en esa línea y eliminaríamos los pasos duplicados inmediatamente. Sentaríamos a los ministerios que correspondan y empezaríamos directamente a generar la Plataforma Única Digital.
Se conoció que la economía creció un 3.4% en 2025. ¿Cómo califica este crecimiento?
Siempre está bien crecer, pero en un país donde tenemos 28% de pobreza, inseguridad alimentaria, es muy poco. Proponemos una reducción agresiva de trámites para ayudar al privado a ejecutar sus inversiones. También llamarlos rápidamente para realizar las inversiones que se requieren en el país. Hay US$ 64,000 millones en la cartera proyectos de inversión minera. Nuestra idea es poder activarlos, que estén todos en ejecución máximo al término de nuestro gobierno.
¿Cómo abordar la gestión social que, en algunos casos, explica estas paralizaciones?
El Estado tiene que estar presente y ahí juntarse con la sociedad, que hace sus reclamos justos, y el sector privado, que quiere ejecutar. Si la población pide que primero [inversiones] de agua, se realizarán primero. Lo que no podemos hacer es decirle al privado que vaya a invertir y que el Estado se quede en Lima sentado, sin acompañar. El Estado, en los últimos 25 años, se ha convertido en un ente que más que ayudar, estorba la ejecución. Nuestro plan es cambiar directamente cómo el Estado atiende estos escenarios.
Ante discrepancias marcadas, ¿se frena la inversión privada?
No, se sigue el proceso de convencimiento para las dos partes. Si todavía quedan dudas, hay que levantarlas todas. La inversión es el único camino que puede hacer que el país se desarrolle. Si las personas se sientan a conversar, creo que es un gran avance para el desarrollo.
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Proponen crear 500,000 empleos anuales. Además del impulso de la desregulación, ¿qué lo fomentará?
Lo permitirá la inversión que se ejecute por el shock. Acompañaremos al sector privado que quiere invertir sus recursos. En la parte de obra pública, buscaremos mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) para participar en conjunto o las Obras por Impuestos (OxI). Además de la minería, por ejemplo, están las carreteras para disminuir los costos logísticos que tiene el país. Aquí está la nueva Carretera Central
¿Con qué financiamiento?
Hoy día existen los recursos en el Estado. Se tiene que redistribuir el dinero.
¿Consideran que hay los S/ 24,000 millones para hacerla, pese a que el actual Gobierno lo está parando por financiamiento?
Sí. El presupuesto es de S/ 250,000 millones y se tiene que reestructurar. Pero no tiene por qué ser inversión pública total. También puede ser por APP.
A la foto de hoy, ¿cómo se ejecutaría?
Hoy está en un contrato Gobierno a Gobierno (G2G). Buscaríamos incorporar, donde podamos, algunos elementos de APP porque la carretera genera también ingresos. Pero hay que asegurar la estabilidad jurídica.
¿Se ha deteriorado la seguridad jurídica del país?
Sí. Independientemente de las razones o de los motivos que han llevado a estas medidas, creo que sí. El Estado ha perdido orden. Y hace muchísimo daño porque competimos en la región para atraer inversión privada. Con esta inestabilidad política y jurídica, obviamente los inversionistas tendrán mayores reparos en venir o cobrarán más intereses.
¿Qué sobre la decisión judicial que limita las facultades de Ositrán en el puerto de Chancay?
La regulación en el país tiene que ser para todos. No podemos tener vacíos como el que se está presentando porque, nuevamente, esos vacíos nos llevan a una inseguridad jurídica.
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