En campaña todos hablan de responsabilidad fiscal; todos hablan de equilibrio, crecimiento, inversión y disciplina económica. El problema aparece cuando uno revisa lo que hicieron mientras tuvieron poder político; allí se cae el maquillaje y aparece el viejo truco de la política peruana; el oficio de ofrecer, gastar y luego mirar al techo cuando toca explicar de dónde saldrá la plata.
Keiko Fujimori asegura ahora que, si llega al gobierno, reducirá el déficit fiscal al 1% hacia el 2031. La promesa suena técnica, ordenada y hasta tranquilizadora para los mercados. Pero hay un pequeño detalle que evita explicar ¿cómo piensa lograrlo? después de que, desde el propio Parlamento, donde Fuerza Popular comparte responsabilidad política junto a JP, aprobaron incrementos salariales para militares, docentes y trabajadores CAS, pese a no tener iniciativa de gasto.
Ambos, desde el Congreso jugaron a Papá Noel con recursos públicos, pero ahora quieren aparecer como los guardianes de la caja fiscal. El problema del populismo económico peruano es justamente ese; que todos prometen austeridad mientras reparten “compromisos” convertidos en bonos que luego terminan agrandando el forado fiscal.
En el papel, el plan de Gobierno de Fuerza Popular habla de generar 500 mil empleos formales hacia el 2031 mediante inversión privada y simplificación administrativa para favorecer a las Mypes. Eso suena bien y tiene sentido económico; pero el libreto cambia rápidamente cuando aparecen las promesas de campaña.
Keiko Fujimori también ofreció bonos mensuales de 500 soles para organizaciones sociales durante una actividad en San Juan de Lurigancho. Y no fue casualidad que lo dijera allí. SJL es el distrito más poblado de Lima, con más de un millón de habitantes. Allí están los votos, y allí el discurso económico se convierte rápidamente en oferta electoral.
Pero Roberto Sánchez tampoco se queda atrás en esta competencia populista de promesas difíciles de financiar. Su propuesta de elevar el sueldo mínimo a 1500 soles puede sonar atractiva políticamente, pero vuelve a aparecer la misma pregunta incómoda que nadie responde con claridad: ¿cómo se sostendrá eso en una economía golpeada, con bajo crecimiento y alta informalidad?
El festival de ofrecimientos y la lluvia de millones continuó durante el debate técnico, cuando Ernesto Zunini, diputado electo y secretario general de Juntos por el Perú, prometió entregar más de 6 mil soles mediante depósitos en el Banco de la Nación a 100 mil estudiantes que culminen sus estudios, para que puedan sobrevivir seis meses mientras encuentran trabajo.
La idea puede sonar solidaria, pero nuevamente nadie explica de dónde saldrá el financiamiento. Porque anunciar plata en tu cuenta siempre da aplausos; pero explicarlo técnicamente ya no da tantos votos.
Además, el plan de gobierno de Juntos por el Perú (JP) insiste en una industrialización basada en fuerte presencia estatal. Pedro Francke intentó suavizar esa misión durante el debate técnico, buscando vender un enfoque más moderado y liberal. Sin embargo, el propio documento partidario habla de “captura corporativa del Estado”, plantea parques industriales regionales, cooperativas financiadas por el Estado y cambios en el capítulo económico de la Constitución para darle mayor intervención estatal a la economía.
En otras palabras, mantienen la idea de que el Estado puede convertirse en el gran motor del empleo. Pero la experiencia peruana de la última década demuestra precisamente lo contrario; el Estado ha sido ineficiente para generar crecimiento sostenido, mientras que la inversión privada sigue siendo el principal generador de empleo formal.
Aquí no se trata de defender dogmas de derecha o izquierda como si el país fuera un salón universitario lleno de manifiestos ideológicos. Aquí se trata de plantear propuestas serias, viables y sostenibles, y sobre todo de decirle la verdad a la gente, porque el próximo gobierno recibirá un país fiscalmente golpeado. Ya no existe la billetera holgada que tuvieron otros presidentes durante el boom de materias primas. Hoy hay menos margen, más deuda y una economía debilitada por años de gasto político irresponsable.
Y allí aparece la gran contradicción de los dos candidatos; tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez prometen soluciones muy caras, pese a que sus bancadas políticas han contribuido durante estos cinco años parlamentarios al desorden fiscal y al incremento del gasto sin control.
La realidad será mucho más dura que el discurso de campaña. Cuando uno de ellos llegue a Palacio, el libreto populista probablemente se estrelle contra la pared de las cuentas fiscales, porque prometer siempre es fácil; pero gobernar sin plata ya es otra historia.
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