Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) han dejado de ser concebidas como territorios aislados. Ahora se han convertido en verdaderos núcleos dinamizadores del desarrollo local. Esta fue una de las principales conclusiones del panel moderado por Lucía Ruíz durante el Peru Carbon Forum. Allí, representantes del Estado, ONG y comunidades evaluaron el impacto de los proyectos de carbono tras casi dos décadas de implementación en el país.
Impacto climático y transformación económica
La efectividad de los mecanismos financieros atados a la conservación fue respaldada con cifras contundentes. Benjamín Lau Chiong, gerente del Contrato de Administración de CIMA Cordillera Azul, expuso los logros históricos en esta área protegida:
- Se han conservado más de 1.35 millones de hectáreas de bosque amazónico con un estado de conservación del 99.96 %.
- El proyecto REDD ha prevenido la deforestación de casi 6,500 hectáreas por año.
- Se logró una reducción acumulada que supera los 35 millones de toneladas de carbono equivalente entre los años 2009 y 2020.
- En la zona de amortiguamiento, se han apoyado más de 52 emprendimientos sostenibles enfocados en cacao y café, beneficiando a más de 3,200 familias.
Esta transformación económica también fue destacada por Luis Espinel, Director Ejecutivo de Conservación Internacional Perú, al referirse al Bosque de Protección Alto Mayo. Espinel explicó que se logró cambiar una dinámica de alta deforestación por un modelo donde las poblaciones locales ahora buscan calidad para su café. Además, lo hacen sin talar el bosque, integrándose a bionegocios y turismo.
Los retos frente a los nuevos estándares globales
A pesar de los éxitos territoriales, el acceso a los mercados voluntarios enfrenta obstáculos técnicos. Espinel advirtió sobre las nuevas metodologías de certificación que definen mapas de riesgo y cuotas restrictivas para los proyectos en la Amazonía. Según indicó, estas cuotas designadas a las ANP son muy pequeñas. Esto ocurre porque no reconocen la gestión efectiva lograda en los últimos 15 o 20 años, penalizando el trabajo previo de conservación.
En la misma línea, Marioldy Sánchez, gerente adjunta del Programa de Manejo de Bosques Comunales de AIDER Perú, señaló la frustración que existe al tener que luchar para demostrar la «adicionalidad» en un sistema que genera múltiples beneficios. Sánchez enfatizó que el monitoreo y reporte de estos proyectos debe evolucionar para comunicar no solo las reducciones de carbono. Igualmente, resaltó que debe comunicar fundamentalmente el impacto social y humano en el territorio.
Gobernanza: Indígenas y comunidades como socios
Un punto de consenso en el foro fue la necesidad de fortalecer la gobernanza comunitaria. Fermín Chimatani, presidente de ANECAP, fue categórico respecto al rol histórico de las comunidades. «Es inaceptable que se siga pensando que los bosques se cuidan solos; el bosque está ahí porque alguien lo está protegiendo, y esos son específicamente los pueblos indígenas», sentenció.
Chimatani subrayó que las iniciativas de carbono deben ser vistas como un ejercicio práctico de derechos indígenas, exigiendo que las comunidades dejen de ser tratadas como simples «beneficiarias». Por consiguiente, deben pasar a ser socias activas con reglas claras en los proyectos. Este involucramiento local tiene ejemplos innovadores más allá de la Amazonía.
Oswaldo Saavedra, asesor técnico del Consorcio Manglares del Noroeste del Perú, relató cómo seis asociaciones de pescadores y extractores lograron en 2018 el contrato para coadministrar el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes por 20 años. Actualmente, el consorcio, que agrupa a más de 300 familias, se encuentra desarrollando una iniciativa pionera de «carbono azul». Esto busca rentabilizar el secuestro de carbono en los manglares y generar innovación económica local.
Seguridad jurídica para la inversión privada
Finalmente, Deyvis Huamán Mendoza, Director de Gestión Territorial del Sernanp, destacó que las ANP ofrecen un escenario de seguridad jurídica fundamental para los mercados, al contar con administradores definidos, comités de gestión y normativas claras. Huamán instó al sector privado a sumarse a iniciativas como «Patrimonio Natural del Perú». Además, recordó que las empresas buscan espacios con gobernanza sólida para reducir sus riesgos de inversión a largo plazo.
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