En el Perú, las guerras más feroces ya no se libran únicamente en tribunales ni en el Congreso. También se ejecutan desde portales digitales, despachos eclesiásticos y campañas mediáticas donde una filtración puede destruir en horas el prestigio construido durante décadas.
Eso es lo que hoy denuncia el sacerdote Omar Sánchez Portillo, director de la Asociación de las Bienaventuranzas, luego de la difusión de versiones periodísticas que lo vinculan con una presunta denuncia por abuso. Pero el caso dio un giro inesperado cuando el propio joven señalado como supuesta víctima apareció públicamente para negar los hechos.
En una entrevista difundida por Origen TV, Nicolás Arosemena fue contundente: “Yo no soy víctima del Padre Omar”.
La declaración removió el tablero. Durante varios días, distintos espacios digitales presentaron el caso como una grave acusación contra el sacerdote. Sin embargo, Arosemena aseguró que jamás presentó denuncia alguna y que el documento utilizado para sustentar la versión mediática no fue firmado por él.
Según relató, vivió durante 17 meses en la sede de las Bienaventuranzas como parte de un voluntariado social y describió ese periodo como “los meses más felices” de su vida. También sostuvo que las fotografías difundidas por algunos medios corresponden a actividades cotidianas dentro de la convivencia comunitaria y no a situaciones irregulares.
El punto más delicado de su testimonio apunta al terreno ético del periodismo. Arosemena afirmó que la periodista Paola Ugaz nunca se comunicó con él para corroborar la información antes de publicar o difundir versiones relacionadas con el caso. Es decir, existiría una completa falta de rigurosidad periodística.
La controversia ocurre además en un momento particularmente sensible dentro de la Iglesia Católica peruana. En los últimos años, sectores conservadores y progresistas han protagonizado enfrentamientos abiertos alrededor de investigaciones, denuncias y procesos internos impulsados desde el Vaticano. En ese contexto aparece también el nombre de Jordi Bertomeu, cuestionado públicamente por algunos sectores eclesiales por su intervención en diversos casos disciplinarios.
Personas cercanas al Padre Omar sostienen que la difusión de esta denuncia sería una represalia vinculada a las críticas que el sacerdote habría realizado contra determinadas decisiones eclesiásticas. Hasta el momento, no existen resoluciones judiciales que acrediten responsabilidad penal contra Sánchez Portillo.
Mientras tanto, la Asociación de las Bienaventuranzas continúa operando en Lurín con programas de asistencia dirigidos a niños enfermos, adultos mayores y personas en situación de abandono. Sus defensores afirman que el sacerdote ha dedicado años a sostener una obra social que el Estado rara vez alcanza a cubrir.
Pero más allá de la disputa religiosa o ideológica, el caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una denuncia mediática se instala antes de que los hechos sean verificados de manera concluyente?
Porque en tiempos donde las reputaciones pueden quedar pulverizadas en cuestión de horas, la línea entre investigación periodística, filtración interesada y operación de demolición pública resulta cada vez más difícil de distinguir.
Video con la versión de Nicolás Arosemena:
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