El Tribunal Constitucional dispuso la reposición de Víctor Rodríguez Monteza en el cargo de fiscal supremo titular del Ministerio Público. La decisión se adopta tras declarar fundada una demanda de amparo presentada por el exmagistrado, luego de concluir que se vulneró su derecho al debido proceso administrativo.
La resolución corresponde a la Sentencia 129/2026 emitida en el Expediente 02995-2025-PA/TC. En ese pronunciamiento, el pleno del TC dejó sin efecto la sanción de destitución impuesta por la Junta Nacional de Justicia.
¿Por qué se anuló la sanción de la JNJ?
El Tribunal Constitucional declaró la nulidad total de la Resolución 108-2021-PLENO-JNJ, emitida el 24 de noviembre de 2021. Dicha decisión había dispuesto la destitución del entonces fiscal supremo en el marco de un procedimiento disciplinario.
El colegiado constitucional fundamentó su fallo en la figura de la caducidad del procedimiento administrativo. También señaló la afectación al derecho a recibir una decisión debidamente motivada dentro de un proceso regular.
La controversia central del caso estuvo vinculada al plazo máximo de 12 meses establecido para resolver el Procedimiento Disciplinario 118-2020-JNJ. La Junta Nacional de Justicia inició la notificación del proceso el 23 de noviembre de 2020 mediante entrega personal.
La notificación electrónica fue registrada posteriormente el 25 de noviembre del mismo año. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la notificación personal prevalece como referencia principal según la normativa administrativa vigente.
En base a esa interpretación, el plazo para resolver vencía el 23 de noviembre de 2021. En consecuencia, la entidad perdió competencia para emitir una sanción a partir del día siguiente.
El Tribunal Constitucional estableció que la resolución sancionadora fue emitida el 24 de noviembre de 2021. En ese momento, el plazo legal del procedimiento ya había concluido.
Los magistrados calificaron la demora como una irregularidad en la gestión del procedimiento disciplinario. Indicaron que dicha situación invalida la sanción por haberse producido fuera del tiempo permitido por ley.
En el análisis del caso, el magistrado Ochoa Cardich utilizó una referencia conceptual sobre el cierre de los procesos administrativos por vencimiento de plazos. Por su parte, el magistrado Monteagudo Valdez precisó que el fallo no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal en el caso conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto.
El Tribunal Constitucional también dejó sin efecto la Resolución 089-2022-PLENO-JNJ, que había declarado infundado un recurso de reconsideración presentado por el exmagistrado. Con ello, se reafirma la invalidez de la sanción inicial.
La sentencia ordena la reincorporación inmediata de Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo titular. Asimismo, dispone la restitución de todos sus derechos laborales dentro del Ministerio Público.
El fallo también establece que la Junta Nacional de Justicia deberá asumir el pago de los costos procesales del proceso constitucional. Además, exhorta a la entidad a respetar estrictamente los plazos en futuros procedimientos disciplinarios.
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