Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, señaló que el problema no solo persiste, sino que se ha acentuado, y se ha llegado a una preocupante normalización de la muerte en su sector.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ósca Arriola, informó este martes en declaraciones a RPP que 64 conductores del transporte urbano han sido asesinados por presuntos sicarios o extorsionadores en lo que va del 2026.
Ante este escenario, que confirma que el asedio criminal contra el referido sector no ha cesado, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, conversó con el programa Conexión de RPP para exponer cómo se vive desde su gremio esta situación crítica y dar propuestas para una solución desde la acción de las autoridades competentes.
Al ser consultado sobre el balance policial, el representante gremial señaló que el problema no solo persiste, sino que se ha acentuado, generando una preocupante normalización de la muerte en su sector sin que las autoridades reaccionen.
"Lo que más duele quizás como como persona, como ser humano y como ciudadano de nuestro país, es como que si nos hubiésemos hecho ya una costumbre de que maten a nuestros conductores y no se diga nada", dijo.
De acuerdo a Vargas, la crisis de seguridad no distingue rutas, pues asegura que el asedio criminal es generalizado y afecta a todas las compañías de transporte.
El dirigente explicó que la modalidad ha evolucionado hacia un cobro directo en las unidades de transporte, donde los delincuentes exigen montos de aproximadamente 20 soles diarios a los conductores, aprovechando el manejo de dinero en efectivo y la falta de control policial en los paraderos.
"Todas, todas (las empresas) están siendo extorsionadas y en todos sitios todas están siendo el 100%," dijo Vargas en Conexión.
"A las empresas no están llegando directamente, van a las unidades porque hay que ser honestos en ese sentido, a los carros, los que tienen la plata del momento," dijo en otro momento.
Según Vargas, esta situación ha provocado que los criminales tengan mapeadas las unidades, las placas de los vehículos y hasta información personal de los trabajadores, lo que, a su juicio, demostraría una organización superior a la de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Además, el dirigente gremial aseguró que la situación de inseguridad que viven los transportistas ha golpeado a la operatividad de las empresas, pues varios conductores abandonan el sector para dedicarse a otras actividades por miedo a perder su vida. Vargas aseguró que, por esta razón, algunas empresas operan solo entre el 30% y 40% de su capacidad.
Nuevas normas para seguridad ciudadana son "letra muerta"
Vargas criticó la gestión de las autoridades en cuanto a la seguridad ciudadana y calificó como "letra muerta" a las normas aprobadas el año pasado que buscaban crear unidades de élite con participación de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Para Vargas, la reglamentación de estas leyes se hizo de manera deficiente a propósito para evitar la asignación de recursos y la ejecución de labores de inteligencia efectivas.
Ante la falta de resultados, el dirigente dijo que su sector propone medidas inmediatas de alto impacto, como la intervención seria de los penales con regímenes de aislamiento total para extorsionadores, el control territorial por cuadrantes integrados con cámaras de vigilancia y la prohibición de que dos personas viajen en una misma motocicleta lineal.
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