La mañana después de la segunda vuelta presidencial encontró a doce personas bajo custodia policial en la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en Pueblo Libre. Entre los intervenidos figuran miembros de mesa de distintos centros de votación de Lima y un presunto personero político, todos investigados por presuntas alteraciones en cédulas electorales detectadas durante la jornada del domingo, en un caso que mantiene en vilo a familiares y autoridades.
Las investigaciones se iniciaron luego de que se advirtieran anomalías en un grupo de cédulas de votación que habrían presentado rayaduras, tachas u otras alteraciones. A partir de esos hallazgos, las autoridades realizaron intervenciones en distintos locales de votación de Lima Norte y trasladaron a los involucrados a la sede policial especializada de Pueblo Libre.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, nueve de los detenidos participaron como miembros de mesa durante el proceso electoral. Todos son investigados por un presunto delito contra la libertad popular relacionado con el ejercicio del sufragio.
Las diligencias se desarrollan en medio de un clima de expectativa. Mientras fiscales y policías recopilan información para determinar responsabilidades, familiares de los intervenidos permanecen en los exteriores de la dependencia policial a la espera de noticias sobre la situación jurídica de sus parientes.
LAS MESAS BAJO INVESTIGACIÓN
Uno de los casos investigados corresponde a San Martín de Porres. Allí, tres integrantes de la mesa de sufragio N.° 048135, instalada en la institución educativa Virgen María del Rosario, son investigados por la presunta manipulación de 18 cédulas electorales.
Entre ellos se encuentra Mirtha Julia Bardales, quien ejerció la presidencia de mesa. Su abogado, Jaime Pérez, sostuvo que las manchas observadas en las papeletas fueron producto de un descuido durante el conteo de votos y no de una acción deliberada. Según explicó, las marcas se habrían producido por el contacto de los dedos con las cédulas durante el escrutinio.
Los tres intervenidos permanecerán detenidos durante 48 horas por disposición de la Fiscalía mientras continúan las diligencias.
Una situación similar se investiga en Ancón. Allí fueron detenidos Juan Carlos Espinoza Zapata, Pamela Alicia Cruz Lorenzo y Luis Milatania Carhuapoma, quienes desempeñaron funciones como miembros de mesa en el colegio Inca College.
Según indicaron sus familiares, el caso está relacionado con 18 cédulas que presentaban rayaduras. La Fiscalía dispuso que permanezcan retenidos durante 48 horas mientras se realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
FAMILIARES PIDEN ACLARAR LOS HECHOS
En Los Olivos también se detectaron presuntas irregularidades. Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón de la Cruz son investigados por alteraciones detectadas en cédulas utilizadas en una mesa del colegio Enrique Milla Ochoa.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las papeletas presentaban rayaduras y otras modificaciones. Por ese motivo se ordenó una detención preliminar de 24 horas para los involucrados.
Uno de los detenidos es Tomás Alegre Díaz, quien se desempeñó como tercer suplente de la mesa 061020 del aula 101 de dicha institución educativa. Su defensa sostuvo que el ciudadano únicamente cumplía con su deber cívico y rechazó que haya cometido alguna infracción vinculada al proceso electoral.
Las autoridades también informaron que entre los intervenidos figura un presunto personero de Juntos por el Perú, identificado como Oracio Rafaeli Huamayali, de 81 años. Según las investigaciones, los involucrados habrían sido capturados en flagrancia dentro de las aulas de votación por presuntamente realizar tachas ilegales y rayar cédulas oficiales durante la jornada electoral.
Mientras tanto, familiares de varios de los retenidos continúan llegando a la sede policial para exigir una investigación exhaustiva. Algunos sostienen que fueron precisamente los miembros de mesa quienes alertaron a personal de la ONPE sobre las anomalías detectadas en determinadas cédulas y consideran injustificada la medida adoptada en su contra.
En medio de la expectativa por los resultados de las diligencias, representantes del Ministerio Público continúan recopilando elementos para determinar las responsabilidades correspondientes. Según la información proporcionada por abogados de los intervenidos, los detenidos permanecerán bajo custodia mientras las autoridades definen su situación legal y las acciones que se adoptarán en adelante.
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