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ACS y Perú: ocho años de disputas
El conflicto del “Laudo Metro” inició en 2017, cuando ACS y sus socios expusieron en una demanda los incumplimientos de Perú en cuanto al contrato que viabilizaría el proyecto de transporte subterráneo en la capital. La falta de entrega de los terrenos donde ejecutar las obras y la tardía aprobación de los estudios de ingeniería detonaron la pérdida de paciencia de la multinacional, según recabó El País de España.
La respuesta del Estado fue una contrademanda —que ascendía a más de US$ 700 millones— por presuntos perjuicios medioambientales y socioeconómicos, pero no tuvo éxito.
Después de casi siete años de audiencias, el 21 de marzo de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó al Perú al pago de US$ 456 millones, pero la cifra sufrió un ajuste y quedó en US$ 315 millones.
Rafael Sánchez, especialista en Arbitraje Nacional e Internacional y de Inversiones de Rodríguez Angobaldo Abogados, precisa por qué: “El Perú hizo un pago parcial de US$ 106 millones. También una parte del dinero está formalmente suspendida: US$ 56 millones“.
Pasados los meses, el incumplimiento del abono de la cifra restante propició la reacción de ACS, que le pidió a la Justicia de Luxemburgo el embargo de la deuda en activos.
El Perú, no obstante, no se ha quedo de brazos cruzados: ha movido fuerzas cual defensiva en la cancha de fútbol y ha “congelado” la presión internacional. Incluso, y en respuesta a lo de Luxemburgo, en un comunicado reciente recalcó: “Cualquier decisión judicial extranjera que ignore esta suspensión violaría el Convenio CIADI”.
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MEF rechaza embargo de Florentino Pérez
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su rol de moderador del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), informó que la consumación del laudo arbitral se encuentra suspendida provisionalmente.
¿La razón? El 4 de marzo de 2025, nuestro país planteó una pausa y alegó que el Tribunal Arbitral incurrió en errores graves. En particular, cuestionó indemnizaciones por más de US$ 170 millones, EUR 11 millones y S/ 27 millones, otorgadas para cubrir “sobrecostos inciertos de subcontratistas y daños sin sustento técnico”, se pudo leer en el pronunciamiento oficial del MEF.
Este panorama de “ventaja” duraría lo que el comité ad hoc del caso tarde en emitir una decisión concluyente sobre una anulación, la misma que se ha agendado para octubre de 2025.
Es más, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, detalló: “Se ha suspendido porque no calza la suma, las cantidades no son las que realmente se han puesto en el laudo. Entonces el MEF, a través de los organismos competentes, ha recurrido por conducto jurídico y legal y esto está suspendido, hay que esperar finalmente la sentencia”.
Es decir, “el laudo ya está dictado, es válido y exigible a favor de la concesionaria del Metro de Lima, de la cual forma parte ACS”, acota Sánchez. Lo que ha ocurrido es que “ese laudo válido hoy en día ha sido sometido a un proceso de anulación; y, mientras se resuelve la anulación, se ha pedido que expresamente se declare su suspensión, o sea, que nadie obligue al Perú a ejecutarlo”, agrega.
Por su parte, Ricardo Ampuero, árbitro independiente y expresidente de la Comisión Especial del SICRECI, aclara que “los plazos no son rígidos”. “Se espera que la decisión salga hacia el final del año, pero puede ser que demore un poco más, como también podría ser que salga un poco antes. Depende del proceso y de la evaluación del comité de anulación”, explica.
En esa línea, subraya, al igual que Sánchez, que “se discute un proceso de anulación, no una apelación”. Puntualiza la premisa: “No se va a revisar el fondo de la decisión, se va a revisar si es que existen causales taxativamente previstas en el convenio del CIADI, en este tratado internacional, para la anulación del laudo”.
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